lunes, 28 de mayo de 2007

APRENDAMOS SOBRE TRANSNACIONALES: I PARTE



Aprendamos sobre las Empresas Transnacionales (1 parte)
Marina Xul

Las masivas movilizaciones y el fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle (Noviembre de 1999) marcan un punto central de la perdida de la legitimidad política de las instituciones al servicios del poder transnacional. La critica y las renuncias de profesionales de esas mismas instituciones, como Ravi Kanbur, Joseph Stiglitz, y otras criticas desde los espacios académicos tradicionales como las ejercidas por Paul Krugman, Dani Rodrik, I.Chang, son parte del proceso de perdida de la legitimidad intelectual desde adentro de ese poder. Esto se complementa con las derrotas político electorales y rechazo al modelo neoliberal en muchos países del continente.

La Globalización provoco la combinación de las redes informáticas, del sistema satelital y las telecomunicaciones, de manera interactuante, que a su vez posibilitaron la era de los mercados informatizados y sin fronteras. Las guerras de conquista como la que EEUU lanzó contra Irak y Afganistán no se hacen por razones exclusivamente ideológicas, sino por necesidades de conquista estratégica de las reservas petroleras y de otras materias primas esenciales. Estados Unidos, indiscutible potencia monopolar dominante, no es una excepción en la materia. Su abrumante superioridad tecnológica-científica-militar está (como estuvo el poder militar de otros imperios) al servicio de la expansión económica-planetaria de sus bancos y trasnacionales.

El concepto de capitalismo transnacional significa está asentado en dos pilares fundamentales: la especulación financiera informatizada, con asiento territorial en Wall Street y la tecnología militar-industrial de última generación , cuyo axioma de desarrollo se concentra en el Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos. El proceso impulsado en la década del 90 por el llamado Consenso de Washington, respondía a un nuevo proyecto estratégico de desarrollo y acumulación expansiva del capitalismo financiero, en la era de las comunicaciones digitales.

La globalización financiera, es decir la industria del dinero especulativo en alta escala es la que prevalece. El dinero como productor de dinero. Circulando sin barreras. El dinero informático .Reproduciéndose a velocidades increíbles a través de los continentes. La llamada burbuja financiera o "exuberancia irracional". Con base territorial y operativa en Wall Street: el índice Dow Jones habìa tardado 100 años en alcanzar los 5000 puntos. Y en solo 3 años superó la barrera de los 10.000 puntos, en la década del 90. En Wall Street, se cotizan anualmente títulos, bonos y acciones por 12 billones de dólares en dinero transitorio. Pero con un punto de regreso y refugio preciso: la Reserva Federal norteamericana. El capitalismo no tiene fronteras. Pero el dólar, su moneda patrón, solo atiende en EEUU. La combinación del superpoder militar de Estados Unidos con el superpoder económico-financiero de Wall Street , dió como resultante el Imperio único , cuyo radio de influencia y dominio abarca a 121 países en los cuales Estados Unidos tiene presencia directa o influencia militar en estos momentos.

Siempre existió una relación concreta entre las guerras de EEUU, el petróleo, la venta de armas, y la expansión del poder capitalista global concentrado en Wall Street y en las metrópolis financieras europeas. En las guerras como en la paz del imperio, las petroleras, el complejo militar-industrial y Wall Street funcionan de manera combinada para lograr un mismo objetivo: la búsqueda de expansión y acumulación de la ganancia capitalista a escala planetaria.

El complejo entramado de vasos comunicantes entre el capitalismo financiero, tecnológico, industrial, de servicios, informático y comunicacional revela un grado increíble de concentración, diversificación, e intereses comunes de las empresas transnacionales que se dividen el planeta como un gran mercado. Estas empresas dominan mas de la mitad de las transacciones comerciales globales.Tanto las "cuatro grandes" contratistas del complejo militar-industria (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics ), como las "cuatro hermanas" ( Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, Royal Dutch Shell y BP) que monopolizan la extracción y comercialización del petróleo a escala mundial, cotizan sus acciones y se capitalizan en la bolsa de Wall Street.

Detrás de cada guerra imperial, están los fabricantes de armas que extraen su ganancia capitalista del billón de dólares anuales destinados a los presupuesto militares . Están las petroleras y gasíferas que explotan y regulan los mercados multimillonarios del petróleo y la energía. Están los megabancos y megagrupos de inversión de Wall Street ( Citigroup, Goldaman Sachs y J.P.Morgan-Chase ) que embolsan fabulosas sumas "financiando" las "reconstrucciones" de los países arrasados por los misiles y las bombas inteligentes.

Todo este complejo entramado de intereses capitalistas están entrelazados entre sí por medio de fusiones, de accionistas y de estructuras societarias anónimas, o por el simple hecho de compartir los mismos directivos y accionistas.

Conforman las redes del capitalismo globalizado, cuyas filiales y casas matrices pueden estar en Europa, Asia, o en cualquier continente, pero sus redes operativas centrales tienen su terminal en Wall Street o en el Complejo militar-industrial de EEUU.

La ocupación militar de Irak no es obra exclusiva de un grupo de halcones militaristas mesiánicos encabezados por W Bush. Ellos apenas representan la parte gerencial-militar de un complejo entramado de intereses económicos y financieros cuyos planes de conquista y expansión nunca se detienen.

Detrás de la invasión y ocupación militar de Irak, están los bancos, petroleras, gasíferas, fabricantes de armas, medios de comunicación, tecnología aeroespacial, informática, laboratorios, biotecnología, industria, construcción, electrificadoras, y todo lo que existe en el mundo del capitalismo globalizado y sin fronteras .

ACABAR CON LOS EJERCITOS: UNA CONSIGNA POPULAR

VI Encuentro Contra los TLCs y por la Integración: Campaña Continental contra la militarización made in USA


La militarización se ha convertido en la herramienta privilegiada de la política estadounidense en el siglo XXI, para garantizar el acceso y monopolización de los recursos naturales estratégicos, para disuadir o reprimir las resistencias, para enfrentar la formación de bloques hegemónicos alternativos y para promover un cambio de normatividades que favorezca los intereses de los grandes capitales y de las estrategias globales del Estado norteamericano.

Las modalidades que adopta esta militarización combinan dos grandes tipos de mecanismos. Los intimidatorios, entre los que se cuenta la instalación de una red continental de bases militares fijas, bases itinerantes y tropas realizando ejercicios, patrullajes, intercepciones y trabajos de inteligencia. Y los mecanismos disuasivos, entre los que destacan las operaciones humanitarias; las de prevención y asistencia ante siniestros; la construcción de un banco de información continental en una escala superior al del Plan Cóndor, aunque con el mismo carácter; la utilización de los medios de comunicación como productores y anuladores de sentidos comunes y de un imaginario militarista; la destrucción de los medios de comunicación comunitarios o alternativos y la promoción de legislaciones supranacionales, extraterritoriales, o incluso cambios constitucionales, que conculcan los derechos de los pueblos o que intentan legitimar la lógica antiterrorista y contrainsurgente.

Y si la instalación de bases militares extranjeras, o la ocupación militar mediante tropas en supuestas misiones de paz o de combate al narcotráfico o al terrorismo constituye un atropello a la soberanía y a las posibilidades de la democracia, los pueblos la resienten también en el cambio de hábitos a los que se ven obligados. Jóvenes que tienen que interrumpir sus estudios cuando sus universidades se convierten en cuarteles como en Haití; niñas y adolescentes que aprenden de las miserias humanas con violaciones tumultuarias; mujeres y niños, cuyos cuerpos son convertidos en botín de guerra; niños que amanecen muertos en su cama por tiros sueltos en balaceras nocturnas o que son obligados a servir de soplones; campesinos que son expropiados de sus tierras; alcoholismo, prostitución, contaminación de aguas y muchas otras intromisiones en la vida cotidiana de comunidades que son así disgregadas, intimidadas, perseguidas o sometidas a una especie de cárcel sin barrotes.

Jugando con las especificidades regionales y las dinámicas geopolíticas, la estrategia de dominación del continente adopta hoy la cara de proyectos de construcción de infraestructura para el desarrollo que imponen nuevas fronteras físicas y políticas. Así ocurre con el Plan Puebla Panamá Putumayo, recién anunciado, que resucita el antiguo Plan Puebla Panamá pero militarizado; o con la Iniciativa para la Interconexión Regional de Sudamérica (IIRSA). Estos megaproyectos constituyen las nuevas nervaduras comunicacionales del continente y trazan las vías de la extracción de recursos y del disciplinamiento de los pueblos. Por donde salen mercancías pueden, y de hecho entran, tropas.


Pero si estas son las nervaduras que está construyendo el imperio, la piel la constituye un proyecto de involucramiento en los criterios, lógicas y prioridades de las políticas de seguridad interna de Estados Unidos, hoy firmado por los tres presidentes de América del Norte, que amenaza con ser el inicio del nuevo ALCA en el terreno de la seguridad y militarización. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), garantiza una unificación de criterios en el terreno energético y en el de seguridad, a cargo del Comando Norte del ejército de Estados Unidos, puesto que se trata de campos relacionados con la seguridad nacional de ese país.


Ante estas amanazas a la autodeterminación de los pueblos y a sus aspiraciones de justicia y democracia, la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), junto con otras redes y organizaciones afines, nos hemos organizado en torno a los ejes y propósitos de lucha que detallamos bajo la forma de un plan de acción:

- Lanzar la campaña continental contra el eje ASPAN-Plan Puebla Panamá Putumayo-IIRSA, buscando la articulación con otras redes que agreguen los temas del agronegocio, TLCs, agua, represas, minería y otros. Esta campaña se enfocaría en las problemáticas y subregiones que son consideradas como puntos críticos desde la perspectiva de la militarización, sin dejar de ocuparse de nuestras luchas locales. Los puntos críticos son: ASPAN; Honduras-Salvador-Guatemala; Costa Rica; Haití; Guantánamo; Paraguay-Triple Frontera; Colombia.

- Mantener la campaña continental de monitoreo a las bases y acciones militares en América Latina, incluyendo las Conferencias Hemisféricas.

- Realizar el II Encuentro sobre militarización en Honduras durante el segundo semestre de 2008.

- Lanzar a la brevedad una campaña para evitar que la base de Manta se traslade a Perú.

- Rechazar el cambio de legislaciones nacvionales o la imposición de supranancionales que auspicien la impunidad, la criminalización de las luchas de los pueblos y que mermen su capacidad de autodeterminación y de defensa de sus recursos y territorios.

- Lanzar una campaña continental y por países para que los gobiernos retiren sus tropas de Haití, simultáneamente a la promoción de campañas de apoyo solidario al pueblo haitiano.

- Enviar una carta de saludo al gobierno de Ecuador celebrando su decisión de no participar en los ejercicios UNITAS, y al Presidente de Bolivia apoyando su decisión de retirar las tropas bolivianas de Haití.

Luchar por la restitución de tierras y bienes y por la reparación de daños infligidos a las poblaciones afectadas por las bases militares o la presencia de tropas extranjeras.

- Realizar una campaña por el cierre de la ILEA en El Salvador y sumarnos a la campaña por el cierre de la Escuela de las Américas.


- Lanzar una campaña de denuncia sobre la represión en Colombia y contra el Plan Colombia II y construir las condiciones para organizar una misión internacional de observación en ese país.


¡Contra la militarización y la muerte, viva la resistencia!

GUATEMALA: DEMOCRACIA QUE MATA

28/05/2007

Guatemala. son 45 los dirigentes muertos violentamente durante el proceso electoral que aun no concluye.El candidato a la alcaldía de Zacapa, Liberato Granados, fue emboscado por desconocidos en las afueras de su vivienda, quienes le asestaron tres balazos en el pecho y uno en la espalda, indicó la secretaria general de Encuentro por Guatemala (centro-izquierda), Nineth Montenegro.

Granados fue trasladado con vida a un hospital de Zacapa, pero sucumbió a sus heridas la noche del sábado.La policía baraja como posible causa la captura de dos hermanos en Estados Unidos, hace un mes, a quienes Granados responsabilizó por el asesinato de un familiar el 25 de julio de 2005. Montenegro demandó al presidente del país, Oscar Berger, que aclare el asesinato lo antes posibles debido a que la violencia está afectando el proceso electoral.

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) había manifestado su preocupación el pasado jueves por los índices de violencia en el país y que podrían interferir en el proceso electoral."La violencia e inseguridad que se ha percibido es mayor a la registrada en la campaña de 2003, durante la cual se recibieron unas 1.013 denuncias de amenazas contra organizaciones políticas y comités cívicos", lamentó el presidente de la misión, Diego García.La misión de observación de la OEA dará atención especial a la posible financiación del narcotráfico a candidaturas en distintas regiones del país.
El 9 de setiembre, más de 5 millones de guatemaltecos están convocados a las las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 332 corporaciones municipales.

EL SALVADOR, UN PAIS SIN SINDICATOS

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

El Salvador es el país de Centroamérica con el porcentaje más bajo de población sindicalizada, según datos de las confederaciones y los sindicatos, a pesar de que la Constitución de la República lo señala como un derecho.
Los datos indican que El Salvador tiene una población de más de medio millón de personas activas en el sector laboral, sin embargo, de ellas sólo un 5% esta inscrita a algún sindicato.
Mientras, que en Panamá se tiene un 17%, Guatemala 10% y Costa Rica un 12%.
Ricardo Calderón, secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS), dijo que durante los últimos dos años se ha logrado que el porcentaje tenga un crecimiento.
“Yo podría decir que hace dos años, se andaba en 2% y en 3%, entonces, quiere decir que si hay un leve aumento de 1.5% o un 2%”, explicó Calderón.
Un fenómeno que influye a la baja según el coordinador de la CSTS, es que en el país estadísticamente existe una población acta u económicamente activa de un millón 200 mil personas, pero de ese numero sólo medio millón se desempeña en trabajos formales.
“Por la pérdida de empleo también hay baja, porque estamos hablando de que la población informal, la que está vendiendo en las calles, anda alrededor del 49% de la población”, sostiene.
Calderón explicó que otro de los factores que influye de forma negativa son las políticas “antisindicales”, y las conductas “antisindicales del sector empleador”. “Eso ha impedido que los sindicatos se desarrollen”.
“Ese es el reto de nosotros y tenemos la responsabilidad de seguir creciendo porque de Centroamérica, el porcentaje más bajo lo tiene El Salvador y Honduras”.
El coordinador sindical también es consciente que la falta de credibilidad de algunos dirigentes influye.
“Lamentablemente, aquí en este país, así como hay sindicatos, hay organizaciones, hay dirigentes que representan a los trabajadores según los estatutos, hay también una cantidad de seudodirigentes que están a favor de las políticas de la empresa privada o de las políticas del gobierno”. “En donde se refleja eso es en el Consejo Superior de Trabajo, en donde se ve que los compañeros no hacen propuestas, como la que hicimos nosotros el año pasado de incrementar el salario mínimo, ese es uno de los casos, pero hay muchos más”.
Ante el fenómeno, la confederación tiene programado crear una nueva confederación que pueda fortalecer en proceso de sindicalización en el país. “Queremos aumentar u organizar en el sector público y municipalidades, sacar de acefalía aquellos sindicatos que puedan tener vigencia”

MIGRANTES CENTROAMERICANOS Y DERECHOS HUMANOS

Panamá y Costa Rica, los más atractivos para emigrantes en CA

Marcos Alemán y Juan Zamorano/AP/Servicios de Clave Digital

Resumen.
Costa Rica y Panamá, dos de los países más atrayentes para los migrantes, ni siquiera han firmado esa convención que data de 1990, de acuerdo a un informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), una división poblacional de la CEPAL.

Para el experto de CELADE, Jorge Martínez, el fenómeno plantea gran cantidad de desafíos a la subregión.

"Confluyen casi todas las situaciones que afectan a los derechos humanos", como el tráfico de indocumentados, la explotación sexual y laboral o la migración de capital humano.

En décadas pasadas, millares de nicaragüenses emigraron a Costa Rica, donde llenaron una demanda de mano de obra en las cosechas de café y banano. Luego los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua forzaron a millares de centroamericanos a huir principalmente a Estados Unidos, una aventura que se ha complicado.

"El gran sueño es irse a Estados Unidos, donde creen está la solución a todos sus problemas, pero no todos pueden pagar el viaje y ponen sus ojos en El Salvador y Costa Rica", dijo a la AP Jesús Aguilar de Carecen Internacional, un organismo privado de ayuda a migrantes con sede en El Salvador.

El Salvador comenzó a atraer a trabajadores nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos empujados por el dólar, la proximidad y esa imposibilidad de viajar a Estados Unidos.

En tanto, Panamá se convertía en imán para un intenso y variado flujo migratorio principalmente de colombianos que, entre otros factores, se vieron obligados a ingresar al país canalero debido a las exigencias de visas de naciones como Costa Rica y España.

En el caso del flujo nicaragüense, "son los bajos salarios mínimos que andan 'arribita' de los dos dólares y la escasa oportunidad de trabajo en su país (que) los obliga a buscar fuera una mejor vida", estimó Aguilar.

Las autoridades dicen que empresas ligadas al sector agrícola salvadoreño, ávidas de mano de obra, viajan a Nicaragua y Honduras para realizar contrataciones y luego gestionan los permisos de trabajos. Los nicaragüenses encabezan la lista con 908 permisos autorizados, seguidos de 771 hondureños y 552 guatemaltecos.

Pero al mismo tiempo ingresan centenares más por la vía ilegal y terminan siendo expulsados. En 2006, fueron deportados 725, entre indocumentados nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y mexicanos, según cifras de la migración salvadoreña.

El flujo de nicaragüenses a suelo costarricense sigue vigente, aunque los empresarios y productores de ese país ya se quejan de la falta de mano de obra.

Algunos migrantes nicaragüenses consultados por la AP aseguran que ganan mucho mejor que en su tierra natal, pero existen denuncias en Costa Rica sobre abusos a estos extranjeros, principalmente a las trabajadores domésticas que son sometidas a regímenes casi de esclavitud con largas jornadas.

La ley migratoria costarricense castiga a quienes den alojamiento a trabajadores indocumentados, se quejan los empresarios. Este tipo de sanciones se implementan en países desarrollados que tratan de evitar que a los indocumentados se les explote laboralmente.

A la vecina Panamá, donde en los últimos años han llegado más de 150.000 colombianos entre inversionistas, micro empresarios, profesionales y gente pobre, se le cuestiona por poseer una ley migratoria que data de 1960 y que, según abogados, atenta contra los derechos humanos.

"Este es un país multicultural con una ley migratoria obsoleta, que no va acorde con el siglo XXI", dijo a la AP Myrna López Yuras, una abogada chilena nacionalizada panameña que dirige la Fundación Casa Latinoamericana, una organización no gubernamental que orienta y ayuda a los emigrantes, en su mayoría colombianos.

"Hemos avanzado muchísimo en el tema de los derechos humanos, pero esa ley los irrespeta. Siento que va en contradicción con el tema de los menores, de familia", manifestó mientras un grupo de colombianas y dominicanas que gestionan permisos de trabajo o tramitan documentos después de haberse casado en Panamá, esperan que se les atienda.

"Una mujer por tener un hijo en Panamá no le da ningún derecho. Yo conozco a panameñas que han llegado a Chile y como madres solteras han tenido un hijo y en forma automática le dan la residencia", agregó. En Panamá pueden ser deportadas.

López aboga por una amnistía para los indocumentados. "Personas indocumentadas no nos sirven. Lo que nos sirven son personas que estén legales, que paguen seguro social, impuestos, que sean sujetos de crédito, que puedan abrir una libreta de ahorros, comprar una casa". (Los reporteros Marianela Jiménez en Costa Rica, Diego Méndez en El Salvador y Kathia Martínez en Panamá contribuyeron con este reporte).

TLC ESTANCA ECONOMIAS CENTROAMERICANAS


Honduras: los ahogos del TLC
Por Hedelberto López Blanch
(Rebelión), 27/05/2007

Pese a la euforia que trataron de despertar los gobiernos centroamericanos con la entrada en vigor en abril de 2006 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a poco más de un año las cifras indican que lejos de representar beneficios para sus economías y sobre todo para su población, sus economías se estancan o declinan.


Este es el caso de la empobrecida República de Honduras donde “la desigualdad social y la pobreza continúan siendo parte del sistema capitalista en el país”, según un documento conjunto firmado y leído en un acto público el pasado primero de mayo, por la Confederación de Trabajadores de Honduras, Central General de Trabajadores y Confederación Unitaria de Trabajadores.






El malestar entre la población en contra del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (TLCCA-RD) quedó demostrado cuando en esa ocasión salieron a las calles miles de trabajadores hondureños que condenaron como nunca antes "el libre mercado, las prácticas contra el sindicalismo, los altos niveles de corrupción en el gobierno y el empobrecimiento de la población", señalaron varias agencias de prensa radicadas en el país..






Los manifestantes demandaron del gobierno la rebaja de los precios de los combustibles, la implementación de un plan nacional de desarrollo para contrarrestar la pobreza, mejoras en los sistemas de educación y salud, mayor seguridad ciudadana y respeto a los derechos laborales Hasta los empresarios y el sector de los negocios que impulsaron la firma del Tratado se han mostrado escépticos y decepcionados en los últimos tiempos.






Ese es el caso de la presidenta de la Fundación para la Promoción de Inversiones y Exportaciones, (FIDE), Vilma Sierra, quien puntualizó que los resultados de la política económica de libre comercio y del TLC con Estados Unidos no han sido halagadores para Honduras Sierra fundamentó sus criterios en el pobre crecimiento de las exportaciones entre 1994 y 2006, que ronda el 10 % debido a la falta de valor agregado de los productos, dijo la funcionaria en el Foro de Exportadores 2007 realizado en Tegucigalpa. La situación económica se convierte cada vez más tensa al extremo que la presidenta del Banco Central de Honduras, Gabriela Núñez, llamo a los productores a incrementar las exportaciones y evitar una posible devaluación del lempira (moneda nacional) a causa del crecimiento de las importaciones.






La desilusión prende por todo el territorio hondureño y son muy pocos los que auguran beneficios para el país con la aplicación del TLC. Los datos son elocuentes: al cierre de 2006 las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron 675 millones de dólares cifra menor a los 677 millones del año previo, y las importaciones procedentes de la nación norteña aumentaron de 1,605.7 a 1,865.2 millones de dólares.






La República de Honduras, con una población de 6 millones 500 000 habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) de solo 6 500 millones de dólares anuales, clasifica entre las naciones más empobrecidas del continente.






Datos del censo de población nacional indican que el 60 % de la población en las ciudades se encuentra en la pobreza sin poder satisfacer la canasta familiar y la situación se agrava en el campo donde la cifra alcanza a más del 80 %. El TLC con Centroamérica aumentará las prerrogativas norteamericanas de controlar la economía de todas las naciones de la región pues entre sus acápites se encuentran que más del 80 % de las exportaciones estadounidenses de productos industriales y de consumo quedaron con arancel cero desde la entrada en vigencia del acuerdo y otro 5 % tendrá las mismas condiciones en los próximos cinco años. El resto de los aranceles se eliminará en una década.






A la vez, todos los productos industriales y de consumo de los países del área acceden al mercado norteamericano sin impuestos. Como es lógico, este acápite esta previsto para beneficiar a las empresas transnacionales que se instalen en el país pues en el caso de Honduras, (como ocurre con los demás que han firmado el TLC) sus principales productos de exportación son café, bananos, zinc, camarones y langosta y carne congelada, en ínfimas partidas.






El Tratado impone que más de la mitad de las exportaciones agrícolas norteamericanas ya entren en Centroamérica con arancel cero entre las que sobresalen carne bovina de alta calidad, algodón, trigo, soja, pollo, vinos, frutas. Por tanto, los campesinos hondureños solo les quedará emigrar hacia las ciudades en el mejor de los casos para intentar resolver, el sustento diario de sus familias, si encuentran empleo en alguna fábrica extranjera,.






Como colofón, el TLCCA-RD, obliga a esas naciones a permitir las ventas de empresas fábricas y servicios al sector privado, acceso a los servicios de telecomunicaciones, turismo, mensajería rápida, computación, energía, transporte, construcción, ingeniería, agua, servicios financieros, seguros y entretenimientos, y además el acuerdo establece un marco legal seguro para inversores estadounidenses en Centroamérica.






En suelo hondureño existen yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, antimonio, carbón, además de exóticas y ricas fauna y flora, de las cuales esperan adueñarse las compañías privadas extranjeras para su explotación.






A 13 meses de su aplicación, el TLC en Honduras solo ha dejado sinsabores y amarguras para su empobrecido pueblo.

Pastoral indigena: No a la minería a gran escala



Adital -

Definir una posición ante la explotación de la minería a gran escala (a cielo abierto o subterránea), fue el objetivo que reunió a cuarenta personas el pasado 22 de mayo en el Vicariato de Méndez, al sureste de Ecuador. Los/as participantes provenían de la Pastoral Indígena Amazónica, que agrupa a Vicariatos de las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, organización invitada al encuentro, expuso distintos impactos sociales y ambientales que la minería a gran escala ha tenido desde los noventa en países como Perú, Bolivia y Chile, en donde:

· la población empleada en la actividad no ha superado sus precarias condiciones de vida, sino que más bien se ha visto envuelta en situaciones de violencia,
· las comunidades circundantes a las mineras han visto limitado su acceso a alimentos (Guañuni, Bolivia) y a los bienes de la naturaleza, han sufrido graves consecuencias en su salud (los "niños del plomo" en el Perú) e incluso se han visto desplazadas de sus territorios (El Carmen, Chile),
· el ambiente (flora y fauna) ha sufrido daños irreversibles, como la contaminación tóxica de aguas superficiales y subterráneas, puesto que la minería a gran escala cuenta con "tecnología de punta" para reducir sus gastos de inversión pero no para reparar los daños naturales producidos,
· los beneficios económicos, incluso en el caso de Chile, han sido jugosos para las empresas transnacionales (en el país del cono sur se han triplicado), pero pequeños para los Estados.

Chicaiza informó que en el Ecuador hay concesionadas cerca de 4 millones 111 mil hectáreas de territorio, cifra que supera levemente la superficie designada para la minería en Perú en 1992 (4 millones de hectáreas). Para 1997 las concesiones en el país vecino alcanzaron los 24 millones de hectáreas.

Para Frank Lorinquias como miembro de la comunidad shuar en Pastaza, expresó "no a las mineras ni a las hidroeléctricas, porque van a perjudicar el futuro de nuestros hijos y nietos; a pesar de que tengamos recursos económicos ahora, para el futuro no habría esperanza: no va a haber agua, ni pesca, ni aves, ni bosques".

Miguel Bohórquez, del Vicariato del Puyo (Pastaza), dijo que hay perspectivas de hacer muchas cosas "por los que estamos viviendo y por los que deben venir, para que no vivan entre cuatro paredes y cemento, sino en la naturaleza como la disfrutamos"

Para Cristina Antun, del Vicariato de Méndez (Morona Santiago), mientras los países del norte restringen la llegada a los inmigrantes, los representantes de las compañías transnacionales "entran aquí porque está abierta la puerta y ellos tienen que respetarnos a nosotros".

El Padre Juan de la Cruz Ribadeneira, miembro del Equipo de Pastoral Indígena, se hizo eco de un manifiesto que hicieron recientes varios obispos de El Salvador y Guatemala sobre el tema minero en Centroamérica: "ya no podemos callar, ya no podemos esperar más porque va a ser demasiado tarde, tenemos que hablar de este asunto con claridad, desde la iglesia".

El 27 de marzo pasado el Ministro de Energía y Minas de Ecuador, economista Alberto Acosta, anunció el 27 de marzo pasado la revisión de 681 concesiones mineras en producción (10,6 mil hectáreas), de un total de 4.112 concesiones mineras que se han otorgado en el país (2,8 millones de hectáreas), según cálculos ministeriales[1].

También emprendió un proceso llamado "diálogo minero", ante el cual varias comunidades del país - agrupadas en la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía - han puesto condiciones previas para su participación, como la salida efectiva de las empresas mineras de sus territorios. Jorge Jurado, Subsecretario de Minas, ha indicado sobre la actividad minera que "al momento solo se cumplen ocho requisitos que solo son de forma, más el estudio de impacto ambiental cuando se inicia la explotación"[2]. Jurado también ha mencionado a la Asamblea Constituyente como un espacio para tratar el tema.

Tras el análisis de los posibles impactos que tendría la explotación minera en la vida de varias comunidades ecuatorianas, así la inequidad entre las fuerzas presentes en este conflicto que se vive actualmente en el país, la conclusión unánime al finalizar la jornada fue la de apoyar de manera incondicional a las poblaciones que se resisten a esta nueva imposición del modelo extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza, muestra de lo cual son las actividades petrolera y maderera, entre otras.
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