lunes, 28 de mayo de 2007

APRENDAMOS SOBRE TRANSNACIONALES: I PARTE



Aprendamos sobre las Empresas Transnacionales (1 parte)
Marina Xul

Las masivas movilizaciones y el fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle (Noviembre de 1999) marcan un punto central de la perdida de la legitimidad política de las instituciones al servicios del poder transnacional. La critica y las renuncias de profesionales de esas mismas instituciones, como Ravi Kanbur, Joseph Stiglitz, y otras criticas desde los espacios académicos tradicionales como las ejercidas por Paul Krugman, Dani Rodrik, I.Chang, son parte del proceso de perdida de la legitimidad intelectual desde adentro de ese poder. Esto se complementa con las derrotas político electorales y rechazo al modelo neoliberal en muchos países del continente.

La Globalización provoco la combinación de las redes informáticas, del sistema satelital y las telecomunicaciones, de manera interactuante, que a su vez posibilitaron la era de los mercados informatizados y sin fronteras. Las guerras de conquista como la que EEUU lanzó contra Irak y Afganistán no se hacen por razones exclusivamente ideológicas, sino por necesidades de conquista estratégica de las reservas petroleras y de otras materias primas esenciales. Estados Unidos, indiscutible potencia monopolar dominante, no es una excepción en la materia. Su abrumante superioridad tecnológica-científica-militar está (como estuvo el poder militar de otros imperios) al servicio de la expansión económica-planetaria de sus bancos y trasnacionales.

El concepto de capitalismo transnacional significa está asentado en dos pilares fundamentales: la especulación financiera informatizada, con asiento territorial en Wall Street y la tecnología militar-industrial de última generación , cuyo axioma de desarrollo se concentra en el Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos. El proceso impulsado en la década del 90 por el llamado Consenso de Washington, respondía a un nuevo proyecto estratégico de desarrollo y acumulación expansiva del capitalismo financiero, en la era de las comunicaciones digitales.

La globalización financiera, es decir la industria del dinero especulativo en alta escala es la que prevalece. El dinero como productor de dinero. Circulando sin barreras. El dinero informático .Reproduciéndose a velocidades increíbles a través de los continentes. La llamada burbuja financiera o "exuberancia irracional". Con base territorial y operativa en Wall Street: el índice Dow Jones habìa tardado 100 años en alcanzar los 5000 puntos. Y en solo 3 años superó la barrera de los 10.000 puntos, en la década del 90. En Wall Street, se cotizan anualmente títulos, bonos y acciones por 12 billones de dólares en dinero transitorio. Pero con un punto de regreso y refugio preciso: la Reserva Federal norteamericana. El capitalismo no tiene fronteras. Pero el dólar, su moneda patrón, solo atiende en EEUU. La combinación del superpoder militar de Estados Unidos con el superpoder económico-financiero de Wall Street , dió como resultante el Imperio único , cuyo radio de influencia y dominio abarca a 121 países en los cuales Estados Unidos tiene presencia directa o influencia militar en estos momentos.

Siempre existió una relación concreta entre las guerras de EEUU, el petróleo, la venta de armas, y la expansión del poder capitalista global concentrado en Wall Street y en las metrópolis financieras europeas. En las guerras como en la paz del imperio, las petroleras, el complejo militar-industrial y Wall Street funcionan de manera combinada para lograr un mismo objetivo: la búsqueda de expansión y acumulación de la ganancia capitalista a escala planetaria.

El complejo entramado de vasos comunicantes entre el capitalismo financiero, tecnológico, industrial, de servicios, informático y comunicacional revela un grado increíble de concentración, diversificación, e intereses comunes de las empresas transnacionales que se dividen el planeta como un gran mercado. Estas empresas dominan mas de la mitad de las transacciones comerciales globales.Tanto las "cuatro grandes" contratistas del complejo militar-industria (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics ), como las "cuatro hermanas" ( Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, Royal Dutch Shell y BP) que monopolizan la extracción y comercialización del petróleo a escala mundial, cotizan sus acciones y se capitalizan en la bolsa de Wall Street.

Detrás de cada guerra imperial, están los fabricantes de armas que extraen su ganancia capitalista del billón de dólares anuales destinados a los presupuesto militares . Están las petroleras y gasíferas que explotan y regulan los mercados multimillonarios del petróleo y la energía. Están los megabancos y megagrupos de inversión de Wall Street ( Citigroup, Goldaman Sachs y J.P.Morgan-Chase ) que embolsan fabulosas sumas "financiando" las "reconstrucciones" de los países arrasados por los misiles y las bombas inteligentes.

Todo este complejo entramado de intereses capitalistas están entrelazados entre sí por medio de fusiones, de accionistas y de estructuras societarias anónimas, o por el simple hecho de compartir los mismos directivos y accionistas.

Conforman las redes del capitalismo globalizado, cuyas filiales y casas matrices pueden estar en Europa, Asia, o en cualquier continente, pero sus redes operativas centrales tienen su terminal en Wall Street o en el Complejo militar-industrial de EEUU.

La ocupación militar de Irak no es obra exclusiva de un grupo de halcones militaristas mesiánicos encabezados por W Bush. Ellos apenas representan la parte gerencial-militar de un complejo entramado de intereses económicos y financieros cuyos planes de conquista y expansión nunca se detienen.

Detrás de la invasión y ocupación militar de Irak, están los bancos, petroleras, gasíferas, fabricantes de armas, medios de comunicación, tecnología aeroespacial, informática, laboratorios, biotecnología, industria, construcción, electrificadoras, y todo lo que existe en el mundo del capitalismo globalizado y sin fronteras .

ACABAR CON LOS EJERCITOS: UNA CONSIGNA POPULAR

VI Encuentro Contra los TLCs y por la Integración: Campaña Continental contra la militarización made in USA


La militarización se ha convertido en la herramienta privilegiada de la política estadounidense en el siglo XXI, para garantizar el acceso y monopolización de los recursos naturales estratégicos, para disuadir o reprimir las resistencias, para enfrentar la formación de bloques hegemónicos alternativos y para promover un cambio de normatividades que favorezca los intereses de los grandes capitales y de las estrategias globales del Estado norteamericano.

Las modalidades que adopta esta militarización combinan dos grandes tipos de mecanismos. Los intimidatorios, entre los que se cuenta la instalación de una red continental de bases militares fijas, bases itinerantes y tropas realizando ejercicios, patrullajes, intercepciones y trabajos de inteligencia. Y los mecanismos disuasivos, entre los que destacan las operaciones humanitarias; las de prevención y asistencia ante siniestros; la construcción de un banco de información continental en una escala superior al del Plan Cóndor, aunque con el mismo carácter; la utilización de los medios de comunicación como productores y anuladores de sentidos comunes y de un imaginario militarista; la destrucción de los medios de comunicación comunitarios o alternativos y la promoción de legislaciones supranacionales, extraterritoriales, o incluso cambios constitucionales, que conculcan los derechos de los pueblos o que intentan legitimar la lógica antiterrorista y contrainsurgente.

Y si la instalación de bases militares extranjeras, o la ocupación militar mediante tropas en supuestas misiones de paz o de combate al narcotráfico o al terrorismo constituye un atropello a la soberanía y a las posibilidades de la democracia, los pueblos la resienten también en el cambio de hábitos a los que se ven obligados. Jóvenes que tienen que interrumpir sus estudios cuando sus universidades se convierten en cuarteles como en Haití; niñas y adolescentes que aprenden de las miserias humanas con violaciones tumultuarias; mujeres y niños, cuyos cuerpos son convertidos en botín de guerra; niños que amanecen muertos en su cama por tiros sueltos en balaceras nocturnas o que son obligados a servir de soplones; campesinos que son expropiados de sus tierras; alcoholismo, prostitución, contaminación de aguas y muchas otras intromisiones en la vida cotidiana de comunidades que son así disgregadas, intimidadas, perseguidas o sometidas a una especie de cárcel sin barrotes.

Jugando con las especificidades regionales y las dinámicas geopolíticas, la estrategia de dominación del continente adopta hoy la cara de proyectos de construcción de infraestructura para el desarrollo que imponen nuevas fronteras físicas y políticas. Así ocurre con el Plan Puebla Panamá Putumayo, recién anunciado, que resucita el antiguo Plan Puebla Panamá pero militarizado; o con la Iniciativa para la Interconexión Regional de Sudamérica (IIRSA). Estos megaproyectos constituyen las nuevas nervaduras comunicacionales del continente y trazan las vías de la extracción de recursos y del disciplinamiento de los pueblos. Por donde salen mercancías pueden, y de hecho entran, tropas.


Pero si estas son las nervaduras que está construyendo el imperio, la piel la constituye un proyecto de involucramiento en los criterios, lógicas y prioridades de las políticas de seguridad interna de Estados Unidos, hoy firmado por los tres presidentes de América del Norte, que amenaza con ser el inicio del nuevo ALCA en el terreno de la seguridad y militarización. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), garantiza una unificación de criterios en el terreno energético y en el de seguridad, a cargo del Comando Norte del ejército de Estados Unidos, puesto que se trata de campos relacionados con la seguridad nacional de ese país.


Ante estas amanazas a la autodeterminación de los pueblos y a sus aspiraciones de justicia y democracia, la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), junto con otras redes y organizaciones afines, nos hemos organizado en torno a los ejes y propósitos de lucha que detallamos bajo la forma de un plan de acción:

- Lanzar la campaña continental contra el eje ASPAN-Plan Puebla Panamá Putumayo-IIRSA, buscando la articulación con otras redes que agreguen los temas del agronegocio, TLCs, agua, represas, minería y otros. Esta campaña se enfocaría en las problemáticas y subregiones que son consideradas como puntos críticos desde la perspectiva de la militarización, sin dejar de ocuparse de nuestras luchas locales. Los puntos críticos son: ASPAN; Honduras-Salvador-Guatemala; Costa Rica; Haití; Guantánamo; Paraguay-Triple Frontera; Colombia.

- Mantener la campaña continental de monitoreo a las bases y acciones militares en América Latina, incluyendo las Conferencias Hemisféricas.

- Realizar el II Encuentro sobre militarización en Honduras durante el segundo semestre de 2008.

- Lanzar a la brevedad una campaña para evitar que la base de Manta se traslade a Perú.

- Rechazar el cambio de legislaciones nacvionales o la imposición de supranancionales que auspicien la impunidad, la criminalización de las luchas de los pueblos y que mermen su capacidad de autodeterminación y de defensa de sus recursos y territorios.

- Lanzar una campaña continental y por países para que los gobiernos retiren sus tropas de Haití, simultáneamente a la promoción de campañas de apoyo solidario al pueblo haitiano.

- Enviar una carta de saludo al gobierno de Ecuador celebrando su decisión de no participar en los ejercicios UNITAS, y al Presidente de Bolivia apoyando su decisión de retirar las tropas bolivianas de Haití.

Luchar por la restitución de tierras y bienes y por la reparación de daños infligidos a las poblaciones afectadas por las bases militares o la presencia de tropas extranjeras.

- Realizar una campaña por el cierre de la ILEA en El Salvador y sumarnos a la campaña por el cierre de la Escuela de las Américas.


- Lanzar una campaña de denuncia sobre la represión en Colombia y contra el Plan Colombia II y construir las condiciones para organizar una misión internacional de observación en ese país.


¡Contra la militarización y la muerte, viva la resistencia!

GUATEMALA: DEMOCRACIA QUE MATA

28/05/2007

Guatemala. son 45 los dirigentes muertos violentamente durante el proceso electoral que aun no concluye.El candidato a la alcaldía de Zacapa, Liberato Granados, fue emboscado por desconocidos en las afueras de su vivienda, quienes le asestaron tres balazos en el pecho y uno en la espalda, indicó la secretaria general de Encuentro por Guatemala (centro-izquierda), Nineth Montenegro.

Granados fue trasladado con vida a un hospital de Zacapa, pero sucumbió a sus heridas la noche del sábado.La policía baraja como posible causa la captura de dos hermanos en Estados Unidos, hace un mes, a quienes Granados responsabilizó por el asesinato de un familiar el 25 de julio de 2005. Montenegro demandó al presidente del país, Oscar Berger, que aclare el asesinato lo antes posibles debido a que la violencia está afectando el proceso electoral.

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) había manifestado su preocupación el pasado jueves por los índices de violencia en el país y que podrían interferir en el proceso electoral."La violencia e inseguridad que se ha percibido es mayor a la registrada en la campaña de 2003, durante la cual se recibieron unas 1.013 denuncias de amenazas contra organizaciones políticas y comités cívicos", lamentó el presidente de la misión, Diego García.La misión de observación de la OEA dará atención especial a la posible financiación del narcotráfico a candidaturas en distintas regiones del país.
El 9 de setiembre, más de 5 millones de guatemaltecos están convocados a las las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 332 corporaciones municipales.

EL SALVADOR, UN PAIS SIN SINDICATOS

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

El Salvador es el país de Centroamérica con el porcentaje más bajo de población sindicalizada, según datos de las confederaciones y los sindicatos, a pesar de que la Constitución de la República lo señala como un derecho.
Los datos indican que El Salvador tiene una población de más de medio millón de personas activas en el sector laboral, sin embargo, de ellas sólo un 5% esta inscrita a algún sindicato.
Mientras, que en Panamá se tiene un 17%, Guatemala 10% y Costa Rica un 12%.
Ricardo Calderón, secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS), dijo que durante los últimos dos años se ha logrado que el porcentaje tenga un crecimiento.
“Yo podría decir que hace dos años, se andaba en 2% y en 3%, entonces, quiere decir que si hay un leve aumento de 1.5% o un 2%”, explicó Calderón.
Un fenómeno que influye a la baja según el coordinador de la CSTS, es que en el país estadísticamente existe una población acta u económicamente activa de un millón 200 mil personas, pero de ese numero sólo medio millón se desempeña en trabajos formales.
“Por la pérdida de empleo también hay baja, porque estamos hablando de que la población informal, la que está vendiendo en las calles, anda alrededor del 49% de la población”, sostiene.
Calderón explicó que otro de los factores que influye de forma negativa son las políticas “antisindicales”, y las conductas “antisindicales del sector empleador”. “Eso ha impedido que los sindicatos se desarrollen”.
“Ese es el reto de nosotros y tenemos la responsabilidad de seguir creciendo porque de Centroamérica, el porcentaje más bajo lo tiene El Salvador y Honduras”.
El coordinador sindical también es consciente que la falta de credibilidad de algunos dirigentes influye.
“Lamentablemente, aquí en este país, así como hay sindicatos, hay organizaciones, hay dirigentes que representan a los trabajadores según los estatutos, hay también una cantidad de seudodirigentes que están a favor de las políticas de la empresa privada o de las políticas del gobierno”. “En donde se refleja eso es en el Consejo Superior de Trabajo, en donde se ve que los compañeros no hacen propuestas, como la que hicimos nosotros el año pasado de incrementar el salario mínimo, ese es uno de los casos, pero hay muchos más”.
Ante el fenómeno, la confederación tiene programado crear una nueva confederación que pueda fortalecer en proceso de sindicalización en el país. “Queremos aumentar u organizar en el sector público y municipalidades, sacar de acefalía aquellos sindicatos que puedan tener vigencia”

MIGRANTES CENTROAMERICANOS Y DERECHOS HUMANOS

Panamá y Costa Rica, los más atractivos para emigrantes en CA

Marcos Alemán y Juan Zamorano/AP/Servicios de Clave Digital

Resumen.
Costa Rica y Panamá, dos de los países más atrayentes para los migrantes, ni siquiera han firmado esa convención que data de 1990, de acuerdo a un informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), una división poblacional de la CEPAL.

Para el experto de CELADE, Jorge Martínez, el fenómeno plantea gran cantidad de desafíos a la subregión.

"Confluyen casi todas las situaciones que afectan a los derechos humanos", como el tráfico de indocumentados, la explotación sexual y laboral o la migración de capital humano.

En décadas pasadas, millares de nicaragüenses emigraron a Costa Rica, donde llenaron una demanda de mano de obra en las cosechas de café y banano. Luego los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua forzaron a millares de centroamericanos a huir principalmente a Estados Unidos, una aventura que se ha complicado.

"El gran sueño es irse a Estados Unidos, donde creen está la solución a todos sus problemas, pero no todos pueden pagar el viaje y ponen sus ojos en El Salvador y Costa Rica", dijo a la AP Jesús Aguilar de Carecen Internacional, un organismo privado de ayuda a migrantes con sede en El Salvador.

El Salvador comenzó a atraer a trabajadores nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos empujados por el dólar, la proximidad y esa imposibilidad de viajar a Estados Unidos.

En tanto, Panamá se convertía en imán para un intenso y variado flujo migratorio principalmente de colombianos que, entre otros factores, se vieron obligados a ingresar al país canalero debido a las exigencias de visas de naciones como Costa Rica y España.

En el caso del flujo nicaragüense, "son los bajos salarios mínimos que andan 'arribita' de los dos dólares y la escasa oportunidad de trabajo en su país (que) los obliga a buscar fuera una mejor vida", estimó Aguilar.

Las autoridades dicen que empresas ligadas al sector agrícola salvadoreño, ávidas de mano de obra, viajan a Nicaragua y Honduras para realizar contrataciones y luego gestionan los permisos de trabajos. Los nicaragüenses encabezan la lista con 908 permisos autorizados, seguidos de 771 hondureños y 552 guatemaltecos.

Pero al mismo tiempo ingresan centenares más por la vía ilegal y terminan siendo expulsados. En 2006, fueron deportados 725, entre indocumentados nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y mexicanos, según cifras de la migración salvadoreña.

El flujo de nicaragüenses a suelo costarricense sigue vigente, aunque los empresarios y productores de ese país ya se quejan de la falta de mano de obra.

Algunos migrantes nicaragüenses consultados por la AP aseguran que ganan mucho mejor que en su tierra natal, pero existen denuncias en Costa Rica sobre abusos a estos extranjeros, principalmente a las trabajadores domésticas que son sometidas a regímenes casi de esclavitud con largas jornadas.

La ley migratoria costarricense castiga a quienes den alojamiento a trabajadores indocumentados, se quejan los empresarios. Este tipo de sanciones se implementan en países desarrollados que tratan de evitar que a los indocumentados se les explote laboralmente.

A la vecina Panamá, donde en los últimos años han llegado más de 150.000 colombianos entre inversionistas, micro empresarios, profesionales y gente pobre, se le cuestiona por poseer una ley migratoria que data de 1960 y que, según abogados, atenta contra los derechos humanos.

"Este es un país multicultural con una ley migratoria obsoleta, que no va acorde con el siglo XXI", dijo a la AP Myrna López Yuras, una abogada chilena nacionalizada panameña que dirige la Fundación Casa Latinoamericana, una organización no gubernamental que orienta y ayuda a los emigrantes, en su mayoría colombianos.

"Hemos avanzado muchísimo en el tema de los derechos humanos, pero esa ley los irrespeta. Siento que va en contradicción con el tema de los menores, de familia", manifestó mientras un grupo de colombianas y dominicanas que gestionan permisos de trabajo o tramitan documentos después de haberse casado en Panamá, esperan que se les atienda.

"Una mujer por tener un hijo en Panamá no le da ningún derecho. Yo conozco a panameñas que han llegado a Chile y como madres solteras han tenido un hijo y en forma automática le dan la residencia", agregó. En Panamá pueden ser deportadas.

López aboga por una amnistía para los indocumentados. "Personas indocumentadas no nos sirven. Lo que nos sirven son personas que estén legales, que paguen seguro social, impuestos, que sean sujetos de crédito, que puedan abrir una libreta de ahorros, comprar una casa". (Los reporteros Marianela Jiménez en Costa Rica, Diego Méndez en El Salvador y Kathia Martínez en Panamá contribuyeron con este reporte).

TLC ESTANCA ECONOMIAS CENTROAMERICANAS


Honduras: los ahogos del TLC
Por Hedelberto López Blanch
(Rebelión), 27/05/2007

Pese a la euforia que trataron de despertar los gobiernos centroamericanos con la entrada en vigor en abril de 2006 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a poco más de un año las cifras indican que lejos de representar beneficios para sus economías y sobre todo para su población, sus economías se estancan o declinan.


Este es el caso de la empobrecida República de Honduras donde “la desigualdad social y la pobreza continúan siendo parte del sistema capitalista en el país”, según un documento conjunto firmado y leído en un acto público el pasado primero de mayo, por la Confederación de Trabajadores de Honduras, Central General de Trabajadores y Confederación Unitaria de Trabajadores.






El malestar entre la población en contra del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (TLCCA-RD) quedó demostrado cuando en esa ocasión salieron a las calles miles de trabajadores hondureños que condenaron como nunca antes "el libre mercado, las prácticas contra el sindicalismo, los altos niveles de corrupción en el gobierno y el empobrecimiento de la población", señalaron varias agencias de prensa radicadas en el país..






Los manifestantes demandaron del gobierno la rebaja de los precios de los combustibles, la implementación de un plan nacional de desarrollo para contrarrestar la pobreza, mejoras en los sistemas de educación y salud, mayor seguridad ciudadana y respeto a los derechos laborales Hasta los empresarios y el sector de los negocios que impulsaron la firma del Tratado se han mostrado escépticos y decepcionados en los últimos tiempos.






Ese es el caso de la presidenta de la Fundación para la Promoción de Inversiones y Exportaciones, (FIDE), Vilma Sierra, quien puntualizó que los resultados de la política económica de libre comercio y del TLC con Estados Unidos no han sido halagadores para Honduras Sierra fundamentó sus criterios en el pobre crecimiento de las exportaciones entre 1994 y 2006, que ronda el 10 % debido a la falta de valor agregado de los productos, dijo la funcionaria en el Foro de Exportadores 2007 realizado en Tegucigalpa. La situación económica se convierte cada vez más tensa al extremo que la presidenta del Banco Central de Honduras, Gabriela Núñez, llamo a los productores a incrementar las exportaciones y evitar una posible devaluación del lempira (moneda nacional) a causa del crecimiento de las importaciones.






La desilusión prende por todo el territorio hondureño y son muy pocos los que auguran beneficios para el país con la aplicación del TLC. Los datos son elocuentes: al cierre de 2006 las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron 675 millones de dólares cifra menor a los 677 millones del año previo, y las importaciones procedentes de la nación norteña aumentaron de 1,605.7 a 1,865.2 millones de dólares.






La República de Honduras, con una población de 6 millones 500 000 habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) de solo 6 500 millones de dólares anuales, clasifica entre las naciones más empobrecidas del continente.






Datos del censo de población nacional indican que el 60 % de la población en las ciudades se encuentra en la pobreza sin poder satisfacer la canasta familiar y la situación se agrava en el campo donde la cifra alcanza a más del 80 %. El TLC con Centroamérica aumentará las prerrogativas norteamericanas de controlar la economía de todas las naciones de la región pues entre sus acápites se encuentran que más del 80 % de las exportaciones estadounidenses de productos industriales y de consumo quedaron con arancel cero desde la entrada en vigencia del acuerdo y otro 5 % tendrá las mismas condiciones en los próximos cinco años. El resto de los aranceles se eliminará en una década.






A la vez, todos los productos industriales y de consumo de los países del área acceden al mercado norteamericano sin impuestos. Como es lógico, este acápite esta previsto para beneficiar a las empresas transnacionales que se instalen en el país pues en el caso de Honduras, (como ocurre con los demás que han firmado el TLC) sus principales productos de exportación son café, bananos, zinc, camarones y langosta y carne congelada, en ínfimas partidas.






El Tratado impone que más de la mitad de las exportaciones agrícolas norteamericanas ya entren en Centroamérica con arancel cero entre las que sobresalen carne bovina de alta calidad, algodón, trigo, soja, pollo, vinos, frutas. Por tanto, los campesinos hondureños solo les quedará emigrar hacia las ciudades en el mejor de los casos para intentar resolver, el sustento diario de sus familias, si encuentran empleo en alguna fábrica extranjera,.






Como colofón, el TLCCA-RD, obliga a esas naciones a permitir las ventas de empresas fábricas y servicios al sector privado, acceso a los servicios de telecomunicaciones, turismo, mensajería rápida, computación, energía, transporte, construcción, ingeniería, agua, servicios financieros, seguros y entretenimientos, y además el acuerdo establece un marco legal seguro para inversores estadounidenses en Centroamérica.






En suelo hondureño existen yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, antimonio, carbón, además de exóticas y ricas fauna y flora, de las cuales esperan adueñarse las compañías privadas extranjeras para su explotación.






A 13 meses de su aplicación, el TLC en Honduras solo ha dejado sinsabores y amarguras para su empobrecido pueblo.

Pastoral indigena: No a la minería a gran escala



Adital -

Definir una posición ante la explotación de la minería a gran escala (a cielo abierto o subterránea), fue el objetivo que reunió a cuarenta personas el pasado 22 de mayo en el Vicariato de Méndez, al sureste de Ecuador. Los/as participantes provenían de la Pastoral Indígena Amazónica, que agrupa a Vicariatos de las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, organización invitada al encuentro, expuso distintos impactos sociales y ambientales que la minería a gran escala ha tenido desde los noventa en países como Perú, Bolivia y Chile, en donde:

· la población empleada en la actividad no ha superado sus precarias condiciones de vida, sino que más bien se ha visto envuelta en situaciones de violencia,
· las comunidades circundantes a las mineras han visto limitado su acceso a alimentos (Guañuni, Bolivia) y a los bienes de la naturaleza, han sufrido graves consecuencias en su salud (los "niños del plomo" en el Perú) e incluso se han visto desplazadas de sus territorios (El Carmen, Chile),
· el ambiente (flora y fauna) ha sufrido daños irreversibles, como la contaminación tóxica de aguas superficiales y subterráneas, puesto que la minería a gran escala cuenta con "tecnología de punta" para reducir sus gastos de inversión pero no para reparar los daños naturales producidos,
· los beneficios económicos, incluso en el caso de Chile, han sido jugosos para las empresas transnacionales (en el país del cono sur se han triplicado), pero pequeños para los Estados.

Chicaiza informó que en el Ecuador hay concesionadas cerca de 4 millones 111 mil hectáreas de territorio, cifra que supera levemente la superficie designada para la minería en Perú en 1992 (4 millones de hectáreas). Para 1997 las concesiones en el país vecino alcanzaron los 24 millones de hectáreas.

Para Frank Lorinquias como miembro de la comunidad shuar en Pastaza, expresó "no a las mineras ni a las hidroeléctricas, porque van a perjudicar el futuro de nuestros hijos y nietos; a pesar de que tengamos recursos económicos ahora, para el futuro no habría esperanza: no va a haber agua, ni pesca, ni aves, ni bosques".

Miguel Bohórquez, del Vicariato del Puyo (Pastaza), dijo que hay perspectivas de hacer muchas cosas "por los que estamos viviendo y por los que deben venir, para que no vivan entre cuatro paredes y cemento, sino en la naturaleza como la disfrutamos"

Para Cristina Antun, del Vicariato de Méndez (Morona Santiago), mientras los países del norte restringen la llegada a los inmigrantes, los representantes de las compañías transnacionales "entran aquí porque está abierta la puerta y ellos tienen que respetarnos a nosotros".

El Padre Juan de la Cruz Ribadeneira, miembro del Equipo de Pastoral Indígena, se hizo eco de un manifiesto que hicieron recientes varios obispos de El Salvador y Guatemala sobre el tema minero en Centroamérica: "ya no podemos callar, ya no podemos esperar más porque va a ser demasiado tarde, tenemos que hablar de este asunto con claridad, desde la iglesia".

El 27 de marzo pasado el Ministro de Energía y Minas de Ecuador, economista Alberto Acosta, anunció el 27 de marzo pasado la revisión de 681 concesiones mineras en producción (10,6 mil hectáreas), de un total de 4.112 concesiones mineras que se han otorgado en el país (2,8 millones de hectáreas), según cálculos ministeriales[1].

También emprendió un proceso llamado "diálogo minero", ante el cual varias comunidades del país - agrupadas en la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía - han puesto condiciones previas para su participación, como la salida efectiva de las empresas mineras de sus territorios. Jorge Jurado, Subsecretario de Minas, ha indicado sobre la actividad minera que "al momento solo se cumplen ocho requisitos que solo son de forma, más el estudio de impacto ambiental cuando se inicia la explotación"[2]. Jurado también ha mencionado a la Asamblea Constituyente como un espacio para tratar el tema.

Tras el análisis de los posibles impactos que tendría la explotación minera en la vida de varias comunidades ecuatorianas, así la inequidad entre las fuerzas presentes en este conflicto que se vive actualmente en el país, la conclusión unánime al finalizar la jornada fue la de apoyar de manera incondicional a las poblaciones que se resisten a esta nueva imposición del modelo extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza, muestra de lo cual son las actividades petrolera y maderera, entre otras.

miércoles, 23 de mayo de 2007

LOS SINDICATOS Y EL TRABAJO INFANTIL. 1 PARTE




Es en el trabajo infantil en donde se manifiesta con mayor crudeza la violación del derecho a la vida y de los derechos humanos relativos al trabajo. En la legislación sobre el trabajo asalariado, podemos encontrar una fuente invaluable para entender el origen y persistencia del trabajo infantil por varios siglos, en condición de trabajadores asalariados. La historia del trabajo infantil desde la perspectiva de los trabajadores organizados en sindicatos, es una historia de lucha contra la libertad de algunos empleadores para absorber fuerza de trabajo para mantener funcionando su sórdida maquinaria de explotación humana. En el movimiento obrero se ha tenido claro que es el desarrollo capitalista y no la pobreza la que genera el trabajo infantil. La pobreza no existe en abstracto y tiene su origen y persistencia en un modelo de desarrollo excluyente de los derechos esenciales. Sin embargo el argumento de la pobreza es más utilizado, políticamente es mas estético porque esconde las verdaderas causas del trabajo infantil. El capital tiene un único impulso vital, el de valorizarse y atraer con su avance constante la mayor masa de plusvalor posible, aunque eso signifique destrucción de millones de vidas humanas. Decía un dirigente del movimiento sindical en el siglo XIX:” El capital es trabajo muerto que resucita, como un vampiro, solo chupando trabajo vivo, y tanto más vive cuanto más chupa”. ). La lucha contra el trabajo infantil, a partir de la comprensión del problema también es una página de reivindicaciones del movimiento sindical por los derechos humanos de los niños y las niñas, en los distintos países y en el seno de Organismos Internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. Agrega el referido autor: “No bien la clase obrera, aturdida por el estruendo de la producción, recobro el conocimiento, comenzó su resistencia, y en el primer lugar, en el país natal de la gran industria, en Inglaterra. Sin embargo, las concesiones por ellos arrancadas durante tres decenios, fueron puramente nominales. De 1802 a 1833 el Parlamento otorgó cinco leyes laborales pero fue tan astuto que no votó un solo penique para su aplicación coercitiva, para el personal funcionarial necesario, etc. Quedaron en letra muerta. El hecho es que antes de 1833 se agobiaba de trabajo a niños y jóvenes durante toda la noche, durante todo el día o ambos, ad limitum.” ( Según la voluntad libre del empleador)..Nada caracteriza mejor el espíritu del capital que la historia de la legislación fabril inglesa de 1833 a 1864. (Ibíd.). La lógica de explotación del trabajo infantil se sintetiza en la propuesta de la Comisión del Parlamento Ingles que en 1833 trataba de resolver “la situación actual del trabajo infantil”. La ley Inglesa de 1833 establecía que era permitido el trabajo infantil de personas entre los trece y los dieciocho años en jornadas hasta de doce horas, siempre y cuando ocurriera en el día- de las cinco y treinta de la mañana a las nueve de la noche-. La misma ley prohibía emplear a niños menores de nueve años y limitaba a ocho horas el trabajo de los menores cuyas edades oscilaban ente los nueve y los trece años inclusive. Aquí se prohibía el trabajo nocturno de menores, es decir entre las ocho y treinta de la noche y las cinco y treinta de la mañana. Decían que el gran mal del sistema fabril, tal como se lo practicaba, consistía en que se genera la necesidad de prolongar el trabajo de los niños hasta la extensión máxima de la jornada laboral de adultos. El único remedio a este mal, -salvo la restricción del trabajo de los adultos, lo cual originaría un mal mayor que el que se procura subsanar- es a nuestro parecer, el plan de hacer trabajar a dos turnos de niños. Efectivamente así se hizo, para compensar el desconocimiento de los empleadores de 22 años de legislación contra el trabajo infantil. Los niños mayores de nueve años empezaron a trabajar de las seis de la mañana hasta las trece y treinta horas de la tarde, y un segundo turno de esa hora hasta las veinte horas y treinta minutos de la noche, que aun era jornada diurna. El Parlamento resolvió con una prohibición escalonada del trabajo infantil, para atender las necesidades de mano de obra. A partir del primero de marzo de 1834 no trabajarían mas de ocho horas los que tuvieran once años, el año siguiente, los de doce años y en 1836, los de trece años. La Internacional adquiría un firme compromiso de enfrentar el trabajo asalariados de los niños y las niñas y eso se iría plasmando en las legislaciones nacionales durante los últimos años del siglo. La primera guerra mundial traería la necesidad de atender tripartidamente la cuestión social por parte de las democracias burguesas europeas reunidas en la sociedad de las naciones. ese es el origen la Organización Internacional del Trabajo, y su accionar por la abolición del trabajo infantil asalariado.


La OIT y el trabajo Infantil.

El movimiento obrero tiene dos siglos de lucha contra el trabajo infantil asalariado. La OIT no por casualidad, va a cumplir en doce años, cien años de lucha contra el trabajo infantil. Ha promulgado 14 convenios que atienden esta problemática. Entre ellos sólo dos son fundamentales —el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el Convenio 138 sobre prohibición del Trabajo Infantil. El Convenio182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil puede ser otro intento malogrado, sino se enfrentan las verdaderas causas del trabajo infantil. Especialmente el precio que paga el empleador por el trabajo que no alcanza para mantener al trabajador, la trabajadora y su familia. La OIT desde 1919 atendió el problema del trabajo infantil en importantes propuestas que se han establecido en Convenios y Recomendaciones. El convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo vino a establecer la jornada en la industria de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. En su artículo 2 hacía una excepción que no debemos pasar desapercibida: “En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana...”, señalando además otras excepciones por accidente de trabajo y otras causas. Es en el Convenio de OIT de ese mismo año, sobre la edad mínima (industria), donde se establece por primera vez una norma con pretensiones globales para reducir el trabajo infantil, lo que demuestra que la situación de los niños, las niñas y las mujeres en el trabajo y el desempleo eran los grandes temas del momento. En su articulo 2 el Convenio de 1919 señalaba: “Los niños menores de catorce años no podrán ser empleados, ni podrán trabajar, en empresas industriales, públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de aquellas en que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia.” El Convenio 6 de la OIT sobre el trabajo nocturno de menores en la industria establecía por su parte: “1. Queda prohibido emplear durante la noche a personas menores de dieciocho años en empresas industriales, públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de aquellas en que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia, salvo en los casos previstos a continuación. 2. La prohibición del trabajo nocturno no se aplicará a las personas mayores de dieciséis años empleadas en las industrias mencionadas a continuación en trabajos que, por razón de su naturaleza, deban necesariamente continuarse día y noche: a) fábricas de hierro y acero; trabajos en que se empleen hornos de reverbero o de regeneración y galvanización del palastro y del alambre (con excepción de los talleres de desoxidación); b) fábricas de vidrio; c) fábricas de papel; d) ingenios en los que se trata el azúcar en bruto; e) reducción del mineral de oro. En el resto de actividades industriales y en las empresas familiares continuaba permitido. Es interesante el artículo 3 que c rea la ficción jurídica de la noche:” A los efectos del presente Convenio, el término noche significa un período de once horas consecutivas, por lo menos, que comprenderá el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.2. En las minas de carbón y de lignito podrá concederse una excepción en lo que concierne al período de descanso previsto en el párrafo anterior, cuando el intervalo entre los dos períodos de trabajo sea ordinariamente de quince horas, pero en ningún caso cuando dicho intervalo sea de menos de trece horas. Entonces esta propuesta constituía un avance, pues por lo menos fijaba un límite a la explotación del trabajo infantil. Un año después se estableció en el Convenio 7 sobre la edad mínima (trabajo marítimo), de 1920, que los niños menores de catorce años no podrán prestar servicios a bordo de ningún buque, excepción hecha de aquellos buques en los que estén empleados únicamente los miembros de una misma familia. En 1921 la OIT promulga el C10 Convenio sobre la edad mínima en la agricultura), que en su Artículo 1 presenta una novedad al vincular por primera vez la obligación de educarse a la posibilidad de ejercer un trabajo asalariado. Señalaba a la letra: “Los niños menores de catorce años no podrán ser empleados ni podrán trabajar en las empresas agrícolas, públicas o privadas, o en sus dependencias, excepto fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar. Si los niños trabajasen fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar, el empleo deberá ser de tal naturaleza que no perjudique la asiduidad de aquéllos a la escuela.” Es interesante que el primer convenio sobre trabajo en el mar sea casualmente relativo a fijar límites al trabajo infantil. Igualmente el Convenio 15 sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), de ese mismo año que en su Artículo 2 establecía: “Las personas menores de dieciocho años no podrán ser empleadas ni podrán trabajar a bordo de buques en calidad de pañoleros o de fogoneros.” De la misma manera el Convenio 16 Convenio sobre el examen médico de los menores en el trabajo del mar, de 1921. Este fue el primer convenio que exigió ese requisito para admitir menores de dieciocho años al trabajo marítimo y mostrar su aptitud para el mismo. El Convenio 58 de la OIT fijaría en quince años la edad mínima en el trabajo marítimo en el año 1936. Establecía este Convenio: Los niños menores de quince años no podrán prestar servicios a bordo de ningún buque, excepción hecha de aquellos buques en los que estén empleados únicamente los miembros de una misma familia. Sin embargo, la legislación nacional podrá autorizar la entrega de certificados que permitan a los niños de catorce años de edad, por lo menos, ser empleados cuando una autoridad escolar u otra autoridad apropiada, designada por la legislación nacional, se cerciore de que este empleo es conveniente para el niño, después de haber considerado debidamente su salud y su estado físico.”
Paulatinamente se establecerían limitaciones al trabajo infantil en otras áreas de trabajo en razón de preservar la salud de los niños y las niñas. El convenio 24 Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 no incluyó el trabajo infantil, porque fueron excepcionadas muchas de las actividades en que este trabajo se realiza. El Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, de 1930 vino a establecer un nuevo punto de inflexión en la lucha contra el trabajo infantil.Se prohibía todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Además las autoridades de cada país no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado. En Costa Rica diversas leyes de educación y contra la vagancia permitían por ejemplo entregar los niños vagabundos a un patrono para ser educado en el trabajo y hacerlo una persona de bien. Por otra parte en 1932 se establece el Convenio 33 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión a trabajos no industriales, que permitía que los niños que hayan cumplido doce años podían ser empleados, fuera de las horas fijadas para su asistencia a la escuela, en trabajos ligeros, siempre que estos trabajos, siempre que no fueran nocivos para su salud o para su asistencia a la escuela o su desarrollo normal, limite que continuaba hasta los catorce años. La reducción de la jornada para los niños debió esperar muchos años más. Un convenio muy importante, el Convenio 47 de la OIT, que fijaba la jornada de cuarenta horas no consideró la jornada infantil. En 1937 el Convenio 60 de la OIT sobre la edad mínima, estableció que los niños y niñas menores de quince años o los que habiendo cumplido esta edad, continúen sujetos a la enseñanza primaria obligatoria, exigida por la legislación nacional, no podrían ser empleados en actividades no industriales.
En materia de los derechos de los niños y niñas indígenas, encontramos algunas limitaciones en el Convenio 50 sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, de 1936, porque de acuerdo con las circunstancias sea realizable y necesaria la adopción de una política de “reclutamiento”, -entiéndase traslado forzoso autorizado de varones adultos trabajadores-, la autoridad competente, a fin de proteger a las poblaciones interesadas contra las repercusiones desagradables del alejamiento de los adultos del sexo masculino, deberá señalar el número máximo de éstos que puedan ser reclutados en una unidad social dada, de suerte que el número de adultos del sexo masculino que se deje en esta unidad no sea inferior a un porcentaje determinado de la proporción normal de dichos adultos en relación con las mujeres y niños. Señalaba en el Artículo 6 : “Deberá prohibirse el reclutamiento de personas no adultas. Sin embargo, la autoridad competente podrá autorizar el reclutamiento de personas no adultas mayores de una determinada edad, con el consentimiento de sus padres, para efectuar trabajos ligeros, a condición de que prescriba las garantías que deban adoptarse para su bienestar. y en el Artículo 7, aclaraba: “ El reclutamiento de un jefe de familia no deberá considerarse como si implicara el de cualquiera de los miembros de su familia. Cuando, de acuerdo con las circunstancias, sea realizable y conveniente la adopción de esta política, la autoridad competente deberá alentar a los trabajadores reclutados a que vayan acompañados de sus familias, y más especialmente cuando tales trabajadores sean reclutados para labores agrícolas o empleos similares, que deban ser efectuados a gran distancia de sus hogares durante períodos que excedan de un tiempo determinado.” Al fin esta protección resultaba ridícula y más bien al legalizar estas actividades se concluyó legitimando la explotación de las poblaciones indígenas. La esclavitud moderna autorizada quiso ser regulada posteriormente por el Convenio 64 der la OIT mediante la obligación de suscribir contratos de trabajo con los indígenas “contratados “para laborar por los empleadores. Es muy ilustrativo de lo que ocurría en la realidad con estos grupos humanos, cuando en el artículo 4 se establece: “1. No se deberá presumir que el contrato obliga a la familia o a personas a cargo del trabajador, a menos que exista en el contrato una disposición expresa a este respecto.2. El empleador deberá ser responsable del cumplimiento de todo contrato celebrado por cualquier persona que actúe en su nombre. Asimismo en el artículo 5 se indicaba: “Cada contrato de trabajo deberá mencionar todos los puntos que, juntamente con la legislación, sean necesarios para determinar los derechos y obligaciones de ambas partes, obligando a que funcionarios públicos revidaran los contratos”. Hoy, casi noventa años después del primer convenio, los temas siguen sin resolver. Esta lógica de no atender las causas del trabajo infantil se reproduciría cuando se flexibilizo el Convenio 138 de la OIT. Quizás el Convenio 182 de la OIT vino a retribuir indirectamente el incumplimiento del Convenio 138 de la OIT, que de manera clara y sin artificios prohibía el trabajo infantil. ¿Acaso aprendemos de la historia?

miércoles, 16 de mayo de 2007

PROYECTO DE CARTA SOCIAL DE LAS AMERICAS. Documento

EL PROYECTO DE CARTA SOCIAL DE LAS AMERICAS FUE PLANTEADO EN LA REUNION DE LA OEA EN MARGARITA.Caracas, 22 de abril de 2004 .Las organizaciones sindicales Y AMBIENTALES deberian ponerle atenciòn a esta propuesta que remodela las relaciones sociales, productivas y culturales.




PREAMBULO:

Considerando que la pobreza, la inequidad y la exclusión social han alcanzado en el hemisferio niveles sin precedentes, afectando el desarrollo y sostenimiento de numerosos países, lo que a su vez se ha traducido en incremento de los niveles de desnutrición, analfabetismo, propagación de enfermedades y en general, de un deterioro económico, social y moral de nuestras sociedades.

Teniendo en consideración que los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, nos comprometen a realizar los máximos esfuerzos para alcanzar las metas propuestas de reducción de la pobreza, para el 2015.

Teniendo en cuenta que la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Margarita y la Declaración de Nuevo León, constituyen los principales documentos en donde nuestro foro hemisférico ha plasmado su planteamiento de erradicar la pobreza, la inequidad y la exclusión social en la región.

Convencidos de que la desigualdad social constituye el tema de los temas, en este momento y para este tiempo, es por lo que declaramos que alcanzar el desarrollo social significa que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de obtener la mayor suma de felicidad posible; consideraciones que nos llevan a adoptar el compromiso de hacer valer el conjunto de Deberes y Derechos que conforman esta



CARTA SOCIAL DE LAS AMERICAS



TITULO I

DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES



CAPITULO I

Derecho a la Vida Digna



1.- El derecho a la vida es inalienable. Todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna, pleno disfrute de sus derechos humanos, solidaridad, paz y justicia social.



2.- Se desalentará todo método que atente contra la vida, como estrategia para resolver los problemas derivados de la pobreza y la inseguridad sociales.

3.- La vida es patrimonio colectivo y nadie podrá patentar el genoma de los seres vivos, ni utilizarlo con fines discriminatorios, ni se permitirá el uso de seres humanos como objetos de experimentación biológica, ni prácticas científicas que acarreen destrucción de la vida o deformación de sus componentes.

4.- Los Estados velarán por la promoción de los valores éticos asociados al respeto a la vida, una cultura de paz y un compromiso radical con la desaparición de toda forma de discriminación que afecte la disponibilidad de los recursos básicos y necesarios para la vida.

5.- Los Estados velarán por la provisión de alimentación para aquellos sectores sociales carentes de recursos económicos, como una protección esencial contra el hambre y la miseria..



CAPITULO II

Derecho a la Salud



6.- La salud es patrimonio de los Pueblos. Los Estados se comprometen a dispensar a sus ciudadanos Atención Primaria de Salud Integral de forma gratuita, permanente, universal acompañada de la educación para fomentar la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la rehabilitación necesaria y oportuna y la participación comunitaria, en el desarrollo de los programas y servicios destinados al control de los agentes biológicos y sociales que ocasionan riesgos a la salud.

7.- Los Estados se comprometen a proveer a los portadores de enfermedades crónicas de alto costo, los tratamientos y medicamentos necesarios para mejorar su calidad de vida, de forma gratuita, sostenida y universal.

8.- Los Estados se comprometen a la dotación de equipos, medicinas y recursos humanos, requeridos para atender las necesidades de salud de su población, especialmente en los sectores más empobrecidos y excluidos de nuestros pueblos.

9.- La participación protagónica de la población como actor corresponsable de los servicios de salud, debe ser estimulada y reconocida como factor de consolidación de los sistemas públicos nacionales de salud.

10.- Los Estados propenderán a fomentar redes de capacitación de recursos humanos en salud, con la participación de las universidades, institutos de salud pública y centros de investigación nacionales. Internacionalmente, se favorecerá todo convenio o acuerdo de cooperación, que facilite y promueva la formación acelerada de equipos técnicos, el intercambio de recursos tecnológicos, la prestación de servicios de salud y toda otra actividad de cooperación que eleve los estándares de salud y participación de nuestros pueblos.



11.- La Salud es un compromiso de todos los ciudadanos. En consecuencia, se exhortará a todos los sectores sociales, públicos y privados, institucionales y comunitarios, a presentar y apoyar proyectos de salud que ofrezcan atención directa a los ciudadanos. Se propenderá al desarrollo de redes de salud que optimicen la capacidad resolutiva del sistema y su pronta activación en casos de emergencia pública.

12.- Los Estados reconocerán el valor de las culturas médicas indígenas. Especialmente se favorecerá la recuperación su acervo de conocimientos tradicionales terapéuticos, respetando el ejercicio y la propiedad comunitaria sobre los mismos.

13.- Por ser la Salud un derecho humano universal, se propiciarán alianzas internas entre sectores y/o con otros países de la región, para establecer formas productivas de recursos indispensables para la salud, tales como formación de recursos humanos, medicamentos genéricos, instrumentos quirúrgicos, equipamientos hospitalarios, tecnologías y sistemas de información que coadyuven al desarrollo de mejores servicios de salud.

14.- Los Estados se comprometen a financiar las investigaciones sociales dirigidas a promover la validación de nuevos instrumentos técnicos, que den cuenta real y exhaustiva de las condiciones de salud de su población, de sistemas de información equivalentes y homologables en términos de aplicación terapéutica, disponibles mediante la red de información epidemiológica de uso obligatorio entre los países, de acuerdo a las normas establecidas por la OMS/OPS.

15.- Los riesgos a la salud, para los trabajadores y trabajadoras de todos los niveles en el ámbito de los servicios de salud, obligará a los Estados a extremar la prevención mediante la capacitación, dotación y uso obligatorio de los recursos técnicos y normativos, dirigidos a garantizar la seguridad integral requerida en el desempeño laboral.

16.- Los ciudadanos y ciudadanas víctimas de catástrofes naturales tienen derecho a ser resarcidos en sus bienes y condiciones de salud y vida por parte del Estado.

17.- Las madres en estado de gestación y los recién nacidos son sujetos de atención prioritaria por parte del Estado. Para ello se crearán instituciones suficientes y adecuadas.



CAPITULO III

Derecho a la Educación

18.- Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación pre-escolar y primaria, gratuita y universal y a todos los demás niveles educativos, sin más restricción que la derivada de la capacidad y vocación individuales.

19.- La educación estará cimentada en los principios de universalidad, pluralismo, libertad, equidad, pertinencia, calidad, justicia y formación para el trabajo y para la vida.

20.- Los Estados se comprometen a dotar adecuadamente a los centros de enseñanza a objeto de asegurar su permanencia y actualización científica, tecnológica y humanística.







21.- Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en el diseño, administración y evaluación de los procesos educativos y el Estado velará por su reconocimiento y brindará atención a sus planteamientos, en el marco que establecen las leyes.

22.- Los Estados garantizarán el acceso a la educación de los ciudadanos y ciudadanas privados (as) de libertad, y/o con necesidades especiales, en las mismas condiciones de principios y formas establecidas para el resto de la población.

23.- Los Estados avanzarán en el diseño y aplicación de formas novedosas para alcanzar e incluir socialmente a los grupos más pobres y marginados y para promover alternativas académicas y pedagógicas con el fin de alcanzar la alfabetización universal y la capacitación para el trabajo.

24.- Los Estados regularán la participación de los medios de comunicación a los fines de propiciar la construcción de la moral pública en base a los valores democráticos, el servicio comunitario, la solidaridad social y la responsabilidad por la educación de los niños, niñas y adolescentes.

25.- Los Estados favorecerán la formación académica y calidad de vida de los educadores y educadoras, como una condición básica para el establecimiento de mejores procesos pedagógicos. Por lo tanto, se dará especial atención a las remuneraciones, seguridad social y reconocimiento público a su desempeño, como estímulo a su función social educativa.

26.- Las políticas educativas deben contemplar además, la certificación de competencias laborales y sus acreditaciones, como alternativa para la formalización del trabajo digno y decente.

27.- Las políticas públicas deben articularse para ofrecer y establecer de manera directa asistencia económica, habitacional, alimentaria, de materiales de estudio, vestido y transporte a la población menos favorecida y excluída, a objeto de garantizar igualdad de condiciones para el derecho al estudio e incorporación inmediata al mercado de trabajo.



CAPITULO IV

Derecho al Trabajo

28.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a ser empleado, protegido ante contingencias y bien remunerado. El Estado velará por la promoción de oportunidades para que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar una actividad económica o remunerada digna, decente y productiva en condiciones de libertad, equidad, seguridad, salud e higiene ocupacional y de respeto a la dignidad humana.

29.- Todo trabajo remunerado debe ir acompañado de los derechos que de él se derivan y que aseguran el disfrute de las condiciones de desempeño laboral, en niveles de máxima realización personal y en general, todos los derechos nacionales específicos del área laboral y los acuerdos internacionales de la OIT y de índole regional o subregional que hayan sido ratificados.



30.- Los Estados se comprometen a velar y garantizar la libertad sindical, libertad de asociación, de petición y reclamos, la convención colectiva, eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo u ocupación, así como la promoción, vigilancia de la salud y seguridad en el empleo u ocupación y sancionar a quienes no las cumplan.

31.- Todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias tienen derecho a la protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo de acuerdo a las normas nacionales, sin más restricciones que las derivadas de los acuerdos internacionales válidamente ratificados y especificados.

32.- Los derechos laborales son irrenunciables y los Estados garantizarán su disfrute en los términos convenidos en las leyes, convenios colectivos y cumplimiento de las leyes y Convenios Internacionales en materia laboral y social de las empresas multinacionales, cuando sea el caso. Se hace especial mención de:



· Un salario mínimo de alcance y disfrute social, además de una remuneración justa, digna y equitativa.

· Protección, seguridad y sanciones a quienes no cumplan con los requerimientos de la promoción, prevención, higiene y salud en el trabajo.

· Libertad de elegir el empleo y el trabajo.

· Capacitación permanente, formación profesional, promoción y ascensos de acuerdo a sus capacidades y competencia.

· Protección del salario

· Estabilidad laboral.

· Derecho a vacaciones remuneradas, al descanso y la recreación.

· Derecho a una jornada de trabajo reconocida y concertada nacional e internacionalmente que no supere las ocho (8) horas diarias diurnas y las siete (7) nocturnas, según la naturaleza de las labores .

· Derecho a indemnización por causa de la cesantía laboral y su reubicación en otro empleo o inserción en una actividad productiva basada en la economía social.

· Derecho a la protección social y económica en caso de cesantía, enfermedad o accidente laboral, así como a una pensión y jubilación digna y decente.

· Derecho a la información financiera de las empresas u organismos empleadores, riesgos y eventualidades de inversión, como mecanismo de protección ante posibles fraudes cometidos por las empresas que podría lesionar su estabilidad emocional, social y familiar.

· Derecho a la cogestión, autogestión y control de los medios de producción, teniendo como fundamento la promoción, constitución de cooperativas y una economía social incluyente y socialmente sustentada.



CAPITULO V

Derecho a la Protección Social



33.- Todas las personas tienen derecho a recibir protección integral del Estado, especialmente quienes que se encuentren en las siguientes situaciones:

· Tercera edad.

· Con discapacidad.

· Desempleo.

· Orfandad.

· Desplazamiento forzado.

· Violencia.

· Hambre.



34.- Los Estados se comprometen a diseñar políticas públicas integradas que garanticen la seguridad social de todos los ciudadanos y ciudadanas, con carácter universal, integral, solidario, equitativo y financieramente soportable.

35.- Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una pensión de retiro digna, como sustento para la tercera edad y como reconocimiento a los aportes dados a la sociedad. Su monto nunca podrá ser inferior al salario mínimo social establecido en las normativas nacionales.

36.- Los ciudadanos y ciudadanas que disfrutan de pensión o jubilación, tendrán derecho a continuar participando en labores productivas cuando voluntariamente y en uso de sus capacidades así lo consideren. El Estado ofrecerá oportunidades de aprovechamiento de sus experiencias para favorecer el empalme generacional.



CAPITULO VI

Derecho a la Vivienda



37.- Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una vivienda adecuada, incorporada a un medio ambiente equilibrado, espacios públicos y de servicios básicos, que garanticen la seguridad y humanización de sus relaciones vecinales y comunitarias. Los Estados desarrollarán políticas que garanticen este derecho.



38.- El diseño arquitectónico de las viviendas debe guardar relación con el entorno ecológico y las variantes culturales de los pueblos.

39.- Se deberá garantizar que la adquisición de la vivienda no comprometa más allá del 25% de los ingresos de la familia. Para garantizar el acceso a la vivienda, los Estados promoverán planes de urbanismo y construcción habitacional y ofrecerán políticas crediticias especiales para las poblaciones de escasos recursos.

40.- Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a recibir los servicios básicos de agua potable, aguas servidas, comunicación, energía y recolección de desechos sólidos en sus comunidades, a un costo que no sobrepase el 10% del ingreso familiar.

41.- El Estado procurará y promoverá la organización de las comunidades en programas autogestionarios para garantizar el disfrute de los servicios básicos.



CAPITULO VII

Derechos de la Familia



42.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizar sus familias de acuerdo a sus creencias particulares, a elegir sus opciones de asentamiento y a recibir la protección del Estado para salvaguardar la integridad de sus miembros.

43.- El Estado tiene la obligación de atender la seguridad, educación, salud, recreación y estabilidad familiar, especialmente de los miembros más débiles como son los ancianos y los niños, niñas y adolescentes.

44.- Los niños y niñas tienen derecho a la identidad ciudadana, a un espacio adecuado y a un lecho propio dentro del hogar y la familia deberá vigilar que sus derechos sean respetados. El Estado tiene la obligación de garantizar las oportunidades y recursos para que estos derechos sean efectivamente ejercidos.

45.- Se debe reconocer que el trabajo del hogar es una actividad que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar, por lo tanto las Amas de Casa tienen derecho a los beneficios de una pensión digna y el Estado a procurársela.

46.- La Familia debe procurar atención a sus adultos mayores, como orientadores para los nuevos miembros del grupo familiar. El Estado está en la obligación de apoyarlos para favorecer su calidad de vida y armonía de la unidad familiar.

47.- Los Hogares tienen el derecho al reconocimiento social por parte del Estado, el soporte institucional para ayudar en la formación de los hijos, la asistencia profesional para esclarecer las dificultades de la convivencia y el apoyo material para el mantenimiento y consolidación de la familia como unidad básica de la sociedad.









TITULO II

DERECHOS COMUNITARIOS



CAPITULO I

Derecho a la Identidad Político Territorial



48.- Las nuevas fronteras de los Derechos Sociales han avanzado hasta la identificación del Sujeto Colectivo como actor protagónico del ejercicio de la democracia. Los Estados reconocerán la legitimidad de las comunidades definidas por su ethos cultural, su asentamiento espacial y sus requerimientos, como parte activa de las relaciones jurídicas institucionales para el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y privadas..

49.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse como Comunidades para hacer peticiones públicas y los Estados tienen el deber de reconocerlos como actores colectivos sujetos de derechos. Para ello, las instancias legislativas formularán los instrumentos jurídicos que recojan la diversidad organizativa y los alcances de su auto representación ante los organismos públicos, en términos de igualdad de oportunidades para la consecución de sus objetivos comunitarios.

50.- Las Comunidades locales tienen derecho a organizarse en redes sociales complejas, para abarcar nuevos espacios de articulación y fomento de sus identidades colectivas. El Estado está en el deber de facilitar la organización social desde la base de las relaciones comunitarias, en procura de nuevos sustentos para la legitimación política, económica y cultural que favorezcan la superación de la pobreza.

51.- Las Comunidades y/o movimientos sociales comunitarios, de empresas, laborales, étnicos, erarios o de género, tienen derecho a la pertenencia y membresía social que les reconozca el poder necesario para la participación y toma de decisiones, en las instancias democráticamente constituidas.





CAPITULO II

Derechos a la Propiedad del Suelo como Patrimonio Colectivo



52.- Para la realización de proyectos de desarrollo que implique la intervención física de los espacios comunitarios, deberá realizarse la consulta a las comunidades afectadas, previa información exhaustiva de los impactos positivos o negativos, que pudieran derivarse de los referidos proyectos.



53.- Las Comunidades que sean afectadas tendrán el derecho de exigir reparaciones pecuniarias, restitución territorial, recuperación ambiental, restablecimiento habitacional y asentamiento en caso de daños mayores o redefinición de los espacios habitables.

54.- Los Estados se comprometen a incrementar la vigilancia de las fronteras y puestos de embarque y desembarque para impedir la extracción ilegal de flora, fauna y materias primas, que forman parte del patrimonio colectivo de las comunidades y que no hayan sido objeto de tratados normativos, sancionados nacionalmente, como parte de intercambio comercial internacional.

55.- Las Comunidades tienen derecho a oponerse a la instalación de agencias, firmas o negocios públicos o privados, que constituyan una amenaza a sus recursos de biodiversidad, sus recursos naturales tradicionales o a cualquier otro componente vital de su existencia colectiva.

56.- El Estado deberá preservar la propiedad comunitaria sobre los recursos naturales tradicionales. Conjuntamente, Estado y Comunidades, se levantará el inventario de estos recursos como forma de garantizar su posesión.



CAPITULO III

Derecho a la Organización y Participación Pública



57.- Las comunidades tienen derecho a organizarse y participar en la definición, ejecución y fiscalización de las políticas públicas, especialmente en aquellos aspectos que les atañen directamente. El Estado está en la obligación de auspiciar la participación como mecanismo pleno y efectivo de legitimación democrática y los órganos del poder público a nivel local, regional y nacional, estarán a su disposición para atender y resolver sus demandas.

58.- Las Comunidades tienen derecho a presentar proyectos e iniciativas de carácter legislativo ante los organismos competentes, de acuerdo a las leyes vigentes en cada país. El Estado está en el deber de atender y responder a las solicitudes formuladas por las comunidades en plazos prudentes y según el estado de necesidad de los proponentes.

59.- Las Comunidades tienen derecho a ejercer mecanismos democráticos de lucha, realizar manifestaciones públicas, dirigir peticiones a través de los medios de comunicación, abrir sus propios espacios de discusión y en general, todas las garantías y derechos civiles y políticos establecidos para los ciudadanos en sus respectivos marcos constitucionales.

60.- Las Comunidades tendrán la primera línea de corresponsabilidad en la vigilancia de todos los Derechos Humanos. Al efecto, los Estados propiciarán la creación de mecanismos expeditos, activados desde las comunidades, para dar cuenta de la eventual violación de los Derechos Humanos y a la vez, ordenarán las acciones dirigidas a detener los procesos violatorios y/o suspender a los funcionarios u organismos (públicos u organizaciones privadas) implicados en estos hechos, previo los requisitos de ley.







61.- Las Comunidades tienen derecho a acudir ante los organismos internacionales, como recursos de alzada, para dirimir cuestiones relativas a sus derechos humanos y comunitarios o derechos constitucionales que hayan sido desacatados o no resueltos por los sistemas nacionales de justicia, de acuerdo a los Tratados Internacionales sobre la materia luego de haber agotado las instancias internas.



TITULO III

DERECHOS ECONOMICOS



CAPITULO I

Derechos Económicos Generales



62.- Los Pueblos de América tienen el derecho a superar las condiciones de pobreza y mantener niveles de vida sostenibles, por encima de la línea de pobreza establecida para cada nación en particular. Los Estados establecerán políticas públicas que permitan vincular el desarrollo económico a las exigencias de la calidad de vida de la población, para garantizar el desarrollo humano integral.

63.- Los Estados auspiciarán la promoción de tecnologías adecuadas en función de un desarrollo económico sostenible, que genere nuevas y equitativas oportunidades de inclusión social y superación de la pobreza.

64.- Los Pueblos de América tienen el derecho al disfrute de la productividad vinculada al desarrollo tecnológico en el escenario internacional. Para ello, una parte significativa del valor agregado de nuestras exportaciones, debe revertirse en programas de atención social.

65.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse y promover diferentes emprendimientos para la generación de bienes y servicios. Los Estados están en la obligación de reconocer su existencia, promover su fortalecimiento financiero y técnico y facilitar los espacios de intercambio que dinamicen todos los sectores de la economía.

66.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a desarrollar libremente formas de trabajo dignas y decentes, donde se exprese su creatividad, su esfuerzo y energía productivas, su vocación y al mismo tiempo, garantizar un ingreso económico que le permita desarrollarse integralmente como persona. El Estado debe reconocer a los actores de la economía informal, como sujetos de derechos que realizan una actividad que apoya el desenvolvimiento de la economía formal, por lo tanto, debe dotarlos de protección social y asistencia financiera, procurando que salgan de sus condición de informalidad lo más pronto posible.

67.- Los Pueblos tienen derecho a recibir remesas enviadas por miembros de la familia, desde otros países. Los Estados acordarán mediante mecanismos de entendimiento internacional, las condiciones en las cuales estas remesas se harán efectivas, con reducción progresiva de los costos de envío.

68.- Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la participación equitativa en los beneficios sociales derivados de la aplicación de nuevas tecnologías de producción, en términos de mejoras sustanciales de sus ingresos y calidad de vida, transparencia financiera de los organismos de gestión pública y su efectividad traducida en servicios de calidad.

69.- Los empleadores están en la obligación de aportar un mínimo del 5% de sus ingresos totales a la promoción de nuevos empleos, y a la formación y capacitación de sus trabajadores y trabajadoras.

70.- Las empresas estarán obligadas a reconocer a sus trabajadores y trabajadoras la valoración en términos económicos de los aportes que, por concepto de innovaciones, creatividad y minimización de riesgos, produzcan reducciones en materias de costos y/o incrementos de la productividad.



CAPITULO II

Derechos Económicos Comunitarios



71.- Las Comunidades organizadas como Personas Jurídicas podrán promover unidades de producción de bienes y servicios y tendrán derecho a solicitar y obtener del Estado u organismos no gubernamentales, asistencia técnica y financiera, formación de recursos humanos, información, protección jurídica y certificaciones de calidad para la colocación de sus productos.

72.- Los Estados ofrecerán a las Comunidades la asistencia técnica requerida para la administración efectiva de los recursos productivos. Las Comunidades estarán en la obligación de mantener al día sus informes administrativos, económicos y financieros necesarios para la evaluación del desempeño organizacional, bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad y a los organismos comprometidos en la asistencia.

73.- La atención a las Comunidades por parte del Estado requiere de éste la radicación administrativa de los servicios públicos. Especialmente en lo relacionado con Salud, Educación, Identificación, Protección Policial, Registros Civiles y Mercantiles, Administración de Justicia y Defensa Civil. Las Comunidades tendrán corresponsabilidad en el mantenimiento y buenas prácticas administrativas de estos servicios estatales.



TITULO IV

DERECHOS CULTURALES



CAPITULO I

Derecho a la Identidad Cultural



74.- Todos los Pueblos tienen derecho a participar activamente en la diversidad cultural que es patrimonio de la Humanidad. Para ello, los Estados deben promover el fortalecimiento de las identidades culturales de los Pueblos expresada en hábitos, costumbres, idioma, creencias, significaciones, representaciones, valores éticos, creatividad, sentido de pertenencia grupal, territorial, nacional y humanística y el ejercicio de todos los derechos consagrados como fundamentos de la vida humana.

75.- Todos los Pueblos tienen derecho a un nombre propio, al registro histórico de sus ascendientes originarios, la diferenciación étnica, caracterización propia, reconocimiento de su idioma, recursos tradicionales, identificación territorial y registro oficial por parte del Estado.

76.- Todas las culturas poseen igual relevancia legal y social. Ningún Pueblo podrá ser rebautizado, reasentado o asimilado a otra cultura, sin que la iniciativa de tales cambios provengan de las decisiones colectivas tomadas en el seno de las propias comunidades, en libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con salvaguarda de la totalidad de los derechos humanos consagrados en las diferentes legislaciones nacionales e internacionales.

77.- Los Estados considerarán los perfiles culturales de las comunidades, como una instancia necesaria para el diseño de políticas públicas focalizadas, como garantía de respeto y dignificación histórica del esfuerzo colectivo acumulado por generaciones.

78.- Las Comunidades tienen derecho a preservar su identidad histórica y cultural, su arraigo territorial y su especificidad social como ciudadanos que alimentan la diversidad humana, como un valor superior inalienable. Los Estados garantizarán la multiculturalidad, favorecerán todos los canales de expresión requeridos y fortalecerán la integración de los pueblos, tal como ellos la dibujan, en pleno ejercicio de los valores democráticos.



CAPITULO II

Derecho a la Cultura Universal

79.- Todos los pueblos tienen derecho a acceder al conocimiento y la información generada en cualquier país del mundo. Para garantizar este derecho, los Estados están en el deber de reconocer las singularidades lingüísticas de los idiomas vivos entre sus pobladores, las cuales deberán reflejarse en los medios de comunicación, publicaciones institucionales especialmente las educativas, formulación de proyectos, documentos nacionales e internacionales, tratados, redes informáticas y, en cualquier circunstancia que facilite el acceso al conocimiento, mediante la traducción simultánea, ediciones impresas, electrónicas y audiovisuales de los contenidos científicos, culturales y humanísticos en los múltiples idiomas que constituyen el patrimonio cultural de cada país.



80.- El derecho a la diversidad cultural es garantía de pervivencia humana. En consecuencia, todos los pueblos tienen derecho a defenderse de cualquier forma cultural que pretenda sustituir sus valores, cosmovisiones, idioma, usos y costumbres o de imponer modelos sociales, científicos, técnicos o políticos que destruyan la unidad nacional, su particularidad cultural, su patrimonio biogenético, sus recursos tradicionales o su derecho al desarrollo.

81.- Todos los Pueblos tienen derecho a la restitución de su patrimonio cultural irremplazable, obras de arte y bienes culturales, que hayan sido extraídos forzadamente o bajo engaño. Los Estados están en la obligación de perseguir la propiedad ilícita de los bienes culturales.

82.- Los Pueblos tienen derecho al acceso a la cultura universal. En consecuencia, los Estados velarán para que todos los medios culturales, científicos y técnicos, incluyendo las nuevas tecnologías, estén disponibles en forma pública, gratuita y de calidad para garantizar a los Pueblos el derecho a participar en la creación cultural colectiva de la humanidad.

83.- Las creaciones artísticas son patrimonio de los Pueblos. Los Estados velarán para que se garantice la propiedad colectiva, institucional o individual de las creaciones artísticas y fomentará los apoyos financieros para promover su, revitalización y fortalecimiento y el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a su conocimiento, valoración, difusión y disfrute, en condiciones de respeto a los contextos tradicionales o de creación, de los portadores o creadores respectivos.



CAPITULO III

Derechos de los Creadores Culturales



84.- Las expresiones, manifestaciones y tradiciones culturales reflejan particularidades de la libertad creativa humana. Los Estados garantizarán la plenitud de esta condición básica y para ello facilitarán los recursos y apoyos institucionales que atiendan las necesidades económicas, de seguridad social, de expresión colectiva, sin restricciones a la libertad de expresión, divergencias de fondo y forma sobre las creaciones de quienes hacen del arte y la cultura, en cualquier expresión, su oficio de vida.

85.- Los creadores y creadoras populares tienen derecho al reconocimiento público de sus obras, a la titularidad de las mismas, a la compensación económica específica por cada obra que produzca e intercambie en el mercado, a la protección y divulgación museística o patronato cultural, sin discriminación alguna y sin más restricciones que las expresadas por la voluntad expresa del autor o autora. Quedan a salvo las obras consideradas patrimonio nacional o comunitario, así decidido por las instancias correspondientes.



CAPITULO IV

De la Ciencia y la Tecnología


86.- La creación científica y tecnológica constituyen una necesidad y un derecho de los Pueblos. El Estado promoverá la investigación y el desarrollo, en el marco de la libertad de búsqueda, que atienda prioritariamente a las necesidades nacionales, la preservación de los recursos y conocimientos tradicionales y el fortalecimiento de la estructura científico-técnica requerida para salvar las brechas de la inequidad, la pobreza y la exclusión sociales.

87.- Los Pueblos tienen derecho a preservar el carácter público y la propiedad colectiva de los recursos naturales, renovables y no renovables, que constituyan patrimonio estratégico nacional. En consecuencia, la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales quedarán bajo la vigilancia del Estado y sólo mediante su autorización y previa consulta a los ciudadanos, se podrá otorgar licencias o concesiones de investigación, descripción o explotación de tales recursos a los sectores privados extranjeros.

88.- Los Estados estarán comprometidos a proteger y promover las investigaciones nacionales para el desarrollo endógeno sustentable, que garantice los derechos comunitarios y contribuyan a la superación de la pobreza.

89.- Las comunidades científicas y culturales serán espacios abiertos a la pluralidad de conocimientos tradicionales y modernos de origen universal, sin discriminaciones políticas, religiosas, culturales o étnicas. A ellas deberán concurrir todos los hacedores de conocimientos en igualdad de derechos, para construir una nueva cultura de participación comunitaria en la generación de soluciones a los problemas del desarrollo integral de nuestros pueblos.

90.- Los Estados velarán para que los frutos de las artes, la ciencia y la tecnología se conviertan en bienes sociales al alcance de todos y por la aplicación directa de los avances científicos y tecnológicos y la reorientación de las políticas públicas de ciencia y tecnología, en función del desarrollo social.





CAPITULO V


Derecho a la Información



91.- Los Estados garantizarán el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura dentro de los límites propios de un Estado Democrático, así como el efectivo ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular a lo que concierne a la protección del honor, vida privada, intimidad, confidencialidad y reputación.



92.- Los Estados regularán el contenido de la difusión y recepción de los mensajes, estableciendo la responsabilidad social de los anunciantes, los productores y los prestadores de los servicios de radio, televisión, cine o cualquier otro medio de difusión masiva; fomentando así los valores democráticos, en consonancia con los deberes, derechos e intereses de los Pueblos, a los fines de procurar la justicia social, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación y el desarrollo socio­­-económico, de conformidad con los ordenamientos jurídicos de cada Estado.



93.- Los Estados están en el deber de garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de la difusión de contenidos. Para ello deberán incluirlo dentro de la legislación interna de cada país, como un derecho obligatorio a ser cumplido por los medios de telecomunicaciones.



94.- Los Estados garantizarán la difusión de programas a los niños, niñas y adolescentes que sean de interés social y cultural, dirigidos al desarrollo progresivo y pleno de su personalidad, actitudes y capacidad mental y física, el respeto a los derechos humanos, a la familia, a la identidad cultural, para asumir una vida responsable en libertad y a formar de manera adecuada conciencia de solidaridad humana y social. Del mismo modo, los Estados garantizarán que los medios de difusión contribuyan a la formación ciudadana.



95.- Los Estados promoverán acciones que tiendan a la participación activa de las comunidades, para la consolidación de la industria de la producción independiente, de las radios, emisoras comunitarias o educativas y demás medios de comunicación alternativos.



96.- Los Estados pondrán en práctica una estrategia comunicacional, que constituya matrices de opinión publica que identifiquen las necesidades de nuestros Pueblos, y que fortalezca los procesos de cambio que se van dando en la región.





CAPÍTULO VI


Derecho al Deporte, el Tiempo Libre y el Esparcimiento



97.- Toda persona tiene derecho al esparcimiento y recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, en procura de su bienestar físico y espiritual.



98.- El deporte es un derecho social y actividad esencial, que coadyuva en la formación integral de las personas, en lo físico, intelectual, moral y social a través del desarrollo, mejoramiento y conservación de sus cualidades físicas y morales.



99.- Los Estados promoverán la práctica deportiva, sin discriminaciones, salvo las limitaciones individuales, las que establezcan los ordenamientos jurídicos en resguardo de la salud y las provenientes de patrones culturales de los Pueblos.



100.- Es de utilidad social la promoción, el desarrollo y la práctica de la educación física y el deporte. Para ello los Estados fomentarán la construcción, dotación, mantenimiento y protección de infraestructuras que permitan su ejercicio, enseñanza y práctica obligatoria, en todos los niveles del sistema educativo.



101.- Los Estados llevarán a cabo políticas urbanísticas que integren los espacios verdes y plazas al disfrute del deporte, la recreación y las celebraciones comunitarias.



102.- Se promoverá la participación de personas con discapacidad en las distintas prácticas deportivas.





CAPÍTULO VII


Derechos Ambientales



103.- Es un derecho y un deber de cada generación, proteger y mantener el ambiente en beneficio de todos los seres vivos y de sus generaciones futuras. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar, de una vida y un ambiente sano.



104.- Las políticas en materia ambiental, deberán tener como objeto prioritario y de interés social, la conservación del ambiente en su sentido amplio, que incluya el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como fuente importante para remediar las urgentes necesidades sociales y económicas, especialmente de los sectores más vulnerables, así como su conciliación con el desarrollo endógeno y sustentable.



105.- Los Estados se comprometerán a adoptar y ejecutar las estrategias, planes y políticas para la conservación del ambiente y de los recursos naturales, en el marco del desarrollo sustentable, con la participación y protagonismo de los Pueblos.



106.- Los Estados desarrollarán políticas para la ordenación del territorio, atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, educativas, científicas, tecnológicas, de producción, de acervo cultural, económicas y políticas, atendiendo principios éticos y de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya, entre otros, mecanismos para la información, consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones.



107.- Todas las actividades capaces de degradar el ambiente, deben ser sujetas previamente a evaluaciones de impacto ambiental, las cuales serán realizadas bajo el principio de corresponsabilidad, a fin de prevenir, evitar, corregir, mitigar o compensar los daños al ambiente.



108.- Los Estados implementarán las normas ambientales derivadas de los compromisos internacionales; igualmente elaborarán y adoptarán otras, que se estimen convenientes en el contexto intraregional, para garantizar que la integración económica de la región se realice de manera ambientalmente sustentable.



109.- Los Estados implementarán instrumentos, mecanismos y el establecimiento de instancias, que contribuyan a la prevención y resolución de conflictos ambientales.



110.- Los Estados adoptarán instrumentos jurídicos, que establezcan la obligación de los responsables material e intelectual, nacionales o trasnacionales, generadores de daños ambientales, en cuanto a la ejecución de medidas para el restablecimiento de las condiciones del ambiente alterado, al resarcimiento por los impactos sociales que de ello se deriven, y a la imposición de las sanciones a que hubiere lugar.



111.- Los Estados fomentarán la participación ciudadana, en la conservación del ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales. Así mismo apoyarán el desarrollo de procesos de autogestión o cogestión, enmarcados en la responsabilidad compartida, pero diferenciada y comprometida con la protección del ambiente.



112.- Los Estados generarán tecnologías alternativas, apropiadas y apropiables para la producción de bienes y servicios, que logren minimizar los impactos negativos que se efectúen en el ambiente, y se comprometen al intercambio de conocimientos, tecnologías y metodologías ambientales, que permitan armonizar criterios y crear capacidades compartidas.



113.- Los Estados promoverán el manejo integral de las cuencas hidrográficas, como recurso para el desarrollo ambientalmente sustentable y la calidad de vida de los Pueblos.



114.- Los Estados desarrollarán instrumentos dirigidos a la valoración integral de los recursos naturales, de forma compartida con las comunidades.



115.- Los Estados se comprometen a incrementar la vigilancia de sus fronteras, para impedir la extracción ilegal de flora, fauna, materias primas y bienes culturales, que forman parte del patrimonio colectivo de las comunidades y que no hayan sido objeto de tratados normativos, sancionados nacionalmente, como parte de intercambio comercial internacional.



TÍTULO V


Derechos de los Pueblos Indígenas



116.- Los Estados reconocen la existencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas, religiones y derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Los Estados con la participación de los Pueblos Indígenas deberán demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras o territorios según sea el caso, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en las legislaciones nacionales.



117.- Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, su espiritualidad, sus valores, y sus lugares sagrados y de culto, participando en la vida económica y social de su país. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los Pueblos Indígenas.



118.- Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los Pueblos Indígenas. Se prohíbe la implementación de los mecanismos de propiedad intelectual existentes, para la concesión de derechos de exclusividad sobre los conocimientos tradicionales y ancestrales, los cuales no son del dominio público.



119.- Los Estados conjuntamente con las comunidades o pueblos indígenas, diseñarán e implementarán un régimen especial o una norma de armonización que fortalezca la protección de los conocimientos tradicionales, recursos genéticos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades o pueblos indígenas, conforme a los Convenios Internacionales. Los Estados deberán respaldar a los Pueblos Indígenas en el ejercicio de la reivindicación de sus conocimientos colectivos y ante cualquier acción o evento que propicie la apropiación indebida de los mismos.



120.- Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a una salud integral y al reconocimiento legal de su medicina tradicional, práctica y tratamiento, incluyendo la promoción, desarrollo, prevención y rehabilitación, así como el derecho a mantenerla y administrarla. Los Estados promoverán los medios necesarios para que los Pueblos y Comunidades Indígenas logren las condiciones de salud adecuadas.



121.- Todos los ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a un Pueblo Indígena tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, así como a la educación multilingüe y pluricultural, de acuerdo a sus propias prácticas locales y colectivas. Los Estados deberán garantizar e implementar los mecanismos necesarios a fin de lograr una educación que atienda a las prácticas socioeconómicas, valores, tradiciones, espiritualidades, necesidades y aspiraciones.



122.- Los Pueblos y comunidades Indígenas tiene derecho a decidir y asumir el control de sus propias organizaciones, formas de vida y prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; su identidad, cultura, derechos, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos ancestrales; defensa de sus tierras y en general de la gestión cotidiana, de su vida comunitaria dentro de sus territorios o tierras para fortalecer su identidad cultural.



123.- Los Pueblos Indígenas tienen derecho a servicios de formación en áreas de conocimientos propios y universales, a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas, en el marco de desarrollo endógeno.



124.- Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, en la solidaridad y el intercambio, sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía Nacional y a definir sus prioridades.



125.- Los Estados proveerán los recursos necesarios a los
Pueblos Indígenas para que diseñen y construyan sus viviendas de acuerdo a sus propias culturas y hábitat.



126.- Los Estados garantizarán la participación y representación indígena en los Poderes Públicos, de conformidad a sus usos, costumbres y leyes vigentes



127.- El aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los Estados, se hará sin lesionar la integridad cultural y social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.



Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras o territorios, así como en los beneficios del aprovechamiento y explotación de los mismos, de conformidad a la legislación interna de cada Estado. Igualmente, percibirán una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de tales actividades.



128.- Los Estados deben garantizar a los Pueblos y Comunidades Indígenas el derecho a la información y consulta, previo a la ejecución de cualquier actividad susceptible de afectar directa o indirectamente la vida de los Pueblos, debiendo realizarse de buena fe tomando en cuenta los idiomas, espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y criterios de comunicación e información de los Pueblos y Comunidades involucrados. La decisión tomada por los Pueblos y Comunidades Indígenas con ocasión de la consulta será de carácter vinculante.



129.- Los Estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas contenidos en la presente Carta, así como en otros instrumentos internacionales que le sean más favorables.
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